Sobre el proyecto...

Archivo de las colaboraciones publicadas semanalmente en VANGUARDIA (Saltillo, México) en el espacio "En la Agenda" sobre lo que se observa en gobiernos subnacionales... Porque no se trata de un solo gobierno: son los mismos detalles que se ven por todos lados. Lo que lee pudiera ser de cualquier gobierno... o un gobierno cualquiera.

domingo, 7 de febrero de 2016

Renta de piso

Más de 15 millones al PAN, PRI y UDC, sería la cantidad regalada por empleados municipales coahuilenses a sus partidos políticos vía descuentos en nómina. El dato se conoce gracias al Informe de la Cuenta Pública 2014 y el trabajo periodístico sobre él.

La cantidad mencionada sería la acumulada en 22 municipios sobre los que estará atenta la Auditoría Superior del Estado pues, si no se logra comprobar el consentimiento de los trabajadores o si no hubo pulcritud en el manejo contable, habría consecuencias (VANGUARDIA, febrero 3, 2016).

Torreón (¡oh casualidad!) es el municipio más eficiente (por decirlo de alguna manera) incentivando la voluntad de sus trabajadores. Esto se sabe desde hace tiempo. La “voluntad” de apoyar su partido sería tal en ese municipio que el consentimiento de cientos de trabajadores se otorgó el primer día del año (del 2014), día por cierto inhábil.

El tema se llevó a instancias nacionales, donde se declararon incompetentes y pasaron la responsabilidad al instituto electoral con instalaciones de lujo, el de Coahuila (VANGUARDIA, noviembre 26, 2015).

Pero no solo es el PRI de Torreón, sino el mismo partido en otros muchos municipios y (aquí la nota) otros partidos en los municipios que administran. Así la fotografía tomada por la Auditoría Superior.

¿La reacción? Las dirigencias de los partidos inmediatamente dieron que las cuotas son (por supuesto) totalmente voluntarias (VANGUARDIA, febrero 4, 2016). Ya lo decía así el PRI de Torreón, pero el PAN no creía… imagino que ahora el asunto cambia.  

Las concesiones a un lado, el tema no es menor.

Permitir la aportación “voluntaria” de burócratas a los partidos de cuyas filas emana el empleador es el camino directo al crecimiento desproporcionado en la nómina, la contratación de perfiles inadecuados, la imposibilidad de competir por un puesto a partir del mérito, el fortalecimiento del clientelismo y la prestación de un servicio con tintes partidistas y, por lo mismo, excluyente.

¿Cómo puede haber voluntad cuando la condición para tener el trabajo es dar la cuota, como si rentara un piso? ¿Cómo garantizar un servicio profesional y objetivo, cuando no es clara la distinción entre el burócrata y el militante?

Relacionado con esto, alguien con algo de interés podría navegar las 734 páginas que integran, en la sección B (de la Auditoría de Cumplimiento Financiero) el tomo 3 del Informe Anual de Resultados 2014, relacionado con municipios. De entre todo, hay un párrafo que se repite treinta y ocho ocasiones:

“… derivado de las debilidades detectadas en el Control Interno de la entidad, principalmente, por la carencia y las deficiencias de las conciliaciones bancarias y por el incremento desproporcional en sueldos y salarios en el ejercicio 2014 con relación al ejercicio 2013, no fue posible obtener evidencia suficiente y competente para tener la certeza de expresar una opinión respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, por lo tanto, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se abstiene de expresar una opinión respecto de la información que integra la Cuenta Pública del año 2014…”

Esta situación (y el párrafo) fue aplicado en los dictámenes de todos los municipios. Repito, de todos.

Solo esto (ya no pensemos en el resto de las más de setecientas treinta páginas) debiera llamar la atención y el análisis de legisladores, cabildos, analistas, académicos. ¿Qué implica para la salud financiera de la instancia de gobierno más inmediata a la población lo que ahí se describe y sus consecuencias?


Todos los municipios podrán tener un premio. Pero hay todavía mucho por discutir. 

domingo, 31 de enero de 2016

El gobierno tras la medalla

Tendrá unas tres o cuatro décadas eso de reconocer las acciones gubernamentales, dar diplomas y medallas. Esto, es cierto, les activa y orienta. Pero, al mismo tiempo, puede parcializar su acción: Ganadas algunas medallas, todo lo demás (pareciera) puede quedar incompleto.

Algunos ejemplos de Coahuila y un gobierno asiduo a la competencia, las medallas y los diplomas.

La Clínica del Magisterio tiene años funcionando a pedazos: El mismo personal médico receta sabiendo que el derechohabiente no podrá surtirse de medicinas; para las operaciones, la recomendación en corto es llevar la dotación del material de curación que podrá necesitarse, para no andar batallando a la hora de la hora; es práctica habitual tener que hacer tres o cuatro visitas a la farmacia o, de plano, comprar el medicamento por fuera.  

Los más afectados de todo esto son los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Como la medalla buscada es la de “sanar” el sistema de pensiones, el asunto se ha tomado por aquello de que aliviarán la carga para las siguientes generaciones. ¿El “pequeño” detalle? Que se hace sin considerar a un grupo poblacional que ya está siendo afectado por un servicio deficiente. En palabras de la actual Secretaria General del Sindicato de Académicos de la Narro “… callados no nos podemos quedar ante las injusticias y el hecho de que estén pisoteando nuestros derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la pensión digna” (VANGUARDIA, enero 28, 2016).

El gobierno contra unos pocos, los más vulnerables.

Un tema revisitado en este espacio como (otro) ejemplo, el Registro Público. Una inversión millonaria y un proceso modernizador que se les fue de las manos; una responsabilidad que sustituyen culpando a otros. Pasado un año y varios anuncios de que pronto se restablecerá el servicio, sigue sin funcionar a cabalidad.

Sin pericia para la implementación y sin una medalla por conseguir, al Gobierno poco parece preocuparle las afectaciones. Esporádicamente, los grupos interesados suelen colar alguna postura en las páginas de algunos medios, misma que se diluye entre la propaganda contratada y loas de conductores televisivos a modo.

¿Otro? Mírese lo que sucede en la Ciudad Deportiva de Saltillo. Por allá de octubre de 2014, cuando se anunció la remodelación integral, el entonces Secretario de Infraestructura fijo en cinco meses el tiempo necesario para avanzar la primera etapa; para cuando se dio el (tan famoso) banderazo oficial de inicio, el todavía gobernador decía a medios que tardaría unos nueve meses. Para diciembre del año pasado, se colocaba en sus puertas un letrero que indicaba que por la primera etapa de remodelación el parque estaba cerrado hasta nuevo aviso (VANGUARDIA, diciembre 21, 2015).

A quienes puedan tener alguna otra área para el esparcimiento y deporte, lo de la Ciudad Deportiva poco puede interesarles. Acá, además de no hay medalla para terminar en los tiempos prometidos (sin contar que el retraso se pudiera dar porque los flujos de dinero no llegan a la constructora local según los primeros calendarios pactados), los afectados no tienen cara ni representación. El asunto puede seguir igual.

Los derechos a la salud de grupos vulnerables, los relacionados con la propiedad y el deporte. Si no hay medalla, en el olvido.


Pocos se alegran de que a un gobierno le vaya mal; si a un gobierno le va bien, por lo general, buena parte de la población se beneficia. Es solo que, como está el esquema de incentivos, las medallas no consideran a la gente, solo alimentan el ego personal.

domingo, 24 de enero de 2016

La renuncia del Gobernador (y otras reacciones)

Del texto previo publicado en este mismo espacio, tres ideas: nadie es culpable en tanto no se le compruebe, lo que suceda en interés de los españoles en poco o nada se relaciona con el interés de los coahuilenses, esto no se acaba hasta que se acaba.

En las mesas de café, entre amigos, todos los juicios valen. En redes sociales es más o menos lo mismo, pero a mayor escala. Diferente el honor de poder expresarse a través de medios de comunicación.

Cada quien lo interpretará como mejor pueda: hubo quienes confesaron escribir más con el corazón que con el cerebro y otros que quisieron disfrazar con cerebro lo que salió de las vísceras. Cada quien, pero los asuntos legales no se resuelven con anécdotas de santos o demonios.

En su descontento, habrá quien llame al desconocimiento de las reglas que parecen hechas para atrapar peces de medio pelo o, de plano, a quienes tuvieron la mala fortuna de enfrentar la maquinaria sin aceitarla previamente. Pero, de nuevo, sería la víscera la que habla.

Así funciona: la inocencia se presume, quien acusa prueba.

La detención del ex gobernador en España y lo que resulte, además, interesa a ese país y su sistema. El centro de aquella investigación no coincide con los intereses de los coahuilenses, de los mexicanos. Lo que acá,  para muchos, pudiera ser el plato principal, en el viejo continente apenas asunto accesorio.

Por cierto, lo que hagan las autoridades españolas no debiera considerarse sustituto del trabajo (o su ausencia) de la autoridad nacional. Lo mismo aplica para lo que suceda en tribunales texanos.

 Acá, por cierto, en el Legislativo local se han conformado varios colegiados sobre el tema. ¿El resultado? El silencio. El Senador que ha traído el tema de manera consistente ha librado su batalla prácticamente en la soledad y solo le acompañan cuando, como ahora, había dividendos mediáticos.

Organizaciones ciudadanas (léase Colectivo de Ciudadanos por el Cambio y Pastoral Social Diocesana, entre otros) proponen en medios y sus redes sociales la desaparición de los Poderes o, “mínimo”, la renuncia del Gobernador (VANGUARDIA, enero 21 de 2016).  Cada quien su lucha, pero subirse así a la ola también parece oportunismo. 

Lo de España no fue consecuencia de lo poco o mucho que se ha dicho o hecho acá. Es claro que no aporta a interés alguno de quienes vivimos en México, pues acá ni investigación hay. Y la que hubo determinó su verdad histórica: ni para qué buscarle.

Algún dato nuevo parece sumarse a la trama local. La Auditoría Superior del Estado, en voz de su titular, señaló algo importante: “No. Autoridad judicial ninguna (nos ha consultado). Salvo la autoridad legislativa” (VANGUARDIA, enero 22 de 2016). ¿Cómo embona esto en toda la historia? Al tiempo.

Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Así como la cárcel no fue sinónimo de culpabilidad, la libertad de ahora no debe entenderse en términos absolutos.

Dicen los que saben que podría pasar mucho tiempo para que, del otro lado del mundo, pongan punto final al expediente. Hasta entonces podrá saberse si, en lo que les interesa allá, se encontraron o no elementos suficientes para sostener la acusación.


Apacigüen los ánimos: nadie es culpable en tanto no se le compruebe, lo que suceda en interés de los españoles en poco o nada se relaciona con el interés de los coahuilenses, esto no se acaba hasta que se acaba.

domingo, 17 de enero de 2016

La responsabilidad de quienes han cuidado la casa

Se es inocente en tanto no se demuestre lo contrario  y, como se dice en algún deporte, esto no se acaba hasta que se acaba.

La detención de un exgobernador en España, si bien puede animar eso de hacer leña del árbol caído, puede terminar de muchas maneras. Los pormenores, la correlación de fuerzas, las capacidades de los involucrados, son conocidos tan solo por los protagonistas. Estamos, apenas, viendo los primeros momentos y las primeras reacciones.

Sin adelantar juicios sobre la culpabilidad o inocencia del ahora detenido, eso al alcance del largo brazo de la justicia (internacional), es importante poner el ojo en algunos asuntos.

Primero: En el extranjero se ha estado haciendo lo que en México no.

Ahora la nota está en España. Pero antes de ello, los tribunales y medios de comunicación texanos parecían ser los únicos tras la pista de presuntas irregularidades… que pudieran o no empatar con los intereses de los coahuilenses, por cierto.

¿Será un tema de leyes, de capacidades o de complicidades? Lo sencillo sería decantarse por la última y señalar alguna mafia soportada en la impunidad. Pero ¿ahí termina? ¿No habrá manera de identificar huecos en las normas o debilidades en las estructuras que puedan resolverse para disminuir la influencia de los cómplices? De ahí una agenda de trabajo para legisladores e implementadores.

Segundo (muy importante): La responsabilidad de quienes han cuidado la casa.

Varios funcionarios han dicho que en las cuentas estatales no falta un solo peso. Este dicho se ha sostenido aun cuando las cuentas de inversión/gasto contra presupuesto/deuda no cuadran por ningún lado. Si, como parece apuntar, parte del dinero sí provino del arca pública ¿existen mecanismos para llamar a cuentas a quienes, por ignorancia o conveniencia, sostuvieron lo contrario?

En el maremoto de reformas vividas después de la megadeuda, se reescribieron leyes directamente relacionadas con el tema. Bajo todas las reformas, seguirle el hilo al tema (y por lo mismo, impartir justicia) es asunto complejo. ¿Hay responsabilidad en esta maquinación?

¿Qué sucederá con quienes, desde organismos autónomos, omitieron entrar al tema bajo interpretaciones barrocas?

Todo lo trabajado en transparencia en Coahuila, más que una convicción personal, es consecuencia del pecado original de la megadeuda. Así de simple. Y todo lo hecho, lamentablemente, no aclaró el tema político-legal-financiero más importante de la entidad ni fortaleció el derecho a saber sobre la participación en ese asunto de los que todavía despachan.

Cosas de la vida. En una de esas, quien buscó pasar a la historia como el gran impulsor de la legalidad quedará, en la memoria, como un magro promotor de la impunidad. Porque no se trata de querer, sino de poder.   

Similar asunto si el dinero no es público. De alguna manera floreció al amparo del poder estatal. Y muchos de los estaban siguen en la nómina. Se hablen o no, en los gobiernos de los hermanos el círculo rojo es prácticamente el mismo.

Tercero: La situación de los implicados colateralmente.

Allá España y Estados Unidos andarán tras la pista de lo que a ellos preocupa. Cumplir con su misión no sustituye la de las autoridades locales ni compensa los intereses estatales.

La corrupción no es un asunto individual, sino de muchos. ¿Hasta dónde llegaría el modelo local? Fortunas construidas, candidaturas compradas, medios de comunicación consolidados. ¿Quién indagará en el tejido local? Por acá, el panorama sigue desierto.


Al tiempo. Estamos, apenas, viendo los primeros momentos y las primeras reacciones.

domingo, 10 de enero de 2016

Gobernadora

Cercanos están los tiempos de las grandes definiciones políticas en la entidad. Entre ellas, quién quedará en lugar del todavía gobernador.

Entre quienes dicen que no todo se ha dicho, aquellos quienes –por mero cálculo-, defienden la tesis de que, al final, la balanza beneficiará a una mujer dentro de la fuerza política dominante. Sorpresa. Así, como se escucha: más por reglas internas de Partido que por la voluntad de quienes todavía mandan, llegará el momento y difíciles decisiones tendrán que tomarse. Eso dicen, eso calculan.

Suponiendo que así sea (y algunos dirán “es mucho suponer”), interesante se pone el asunto dado que, en la presente administración, no se ve un perfil femenino bien colocado para tomar la estafeta. No dentro del mismo grupo, al menos. El sexenio que inició prometiendo equidad en su gabinete, termina sin perfiles atractivos para continuar la labor (cualquiera que esta sea).

En aquél cálculo se alude al número de elecciones que habrá, el número de mandatarias que despachan, los discursos pronunciados en la capital de la República, etcétera. Y tomando esos elementos, todo concuerda. Sin embargo, acá, la exposición, el apoyo y la maquinaria parecen estar funcionando con otros perfiles en mente.

¿Habrá quien busque y pueda aprovechar eso del género? De seguro. Esperemos, sin embargo, que no sea la única carta por jugar, pues triste será la historia.

No solo en las filas de la fuerza política dominante, sino en la oposición. Ahí la misma carta, la del género, podría jugarse bajo una lógica distinta: la de ofrecer un perfil completamente diferente al electorado. Pero, nuevamente, ¿sería ese lo único por ofrecer?

Desde lo gubernamental, el tema que definitivamente se aprovechará es el de la seguridad. Viendo esa parte, incluso más que en el tema del empleo, los números presentan un gobierno efectivo y contundente. En el orden municipal, lo mismo. En elecciones, por encima del género, la efectividad en lo relacionado con la seguridad como una oferta de peso.

No todo ha de estar resuelto. Pero hay una tendencia y nadie la ha podido desmentir.

Hay, en el tema de la seguridad, un factor adicional: la acción se ha ejercido casi de manera absoluta desde el Ejecutivo Estatal. ¿Qué pueden ofrecer en este rubro, por ejemplo, las y los actuales alcaldes? Solo lo que el Estado les ha permitido: por eso, mientras unos lucen a otros les asaltan diariamente las tiendas de conveniencia.

¿Cuáles otras cartas tendrá la oposición? Insistir en la deuda y en lo de la tenencia, se ha visto, no genera los votos necesarios. No es que sean temas menores, por cierto. Pero en la arena electoral son insuficientes. La oposición debe liberarse de ese espejismo.

Entre quienes dicen que no todo se ha dicho, los que defienden la candidatura de una mujer. Pero, ¿frente a temas como la seguridad?

Quien descanse en la idea de que el género bastará, quedará fuera del juego. ¿Qué más hay por ofrecer? ¿Cómo comprobar experiencia y pericia en temas que importen? Por ahí, me parece, debe ir el planteamiento.  La contundencia en la oferta y la acción, porque no es tiempo para tibios… o en este caso, tibias.

Esto en cuanto a temas y su discusión. Otra historia será la estructura, la movilización de voluntades. Ahí el trabajo es diferente y no es asunto menor… y puede tenerse ya una idea de quién domina la técnica.


Tiempos de emociones fuertes los que están por venir.

domingo, 3 de enero de 2016

La sensación de que algo más debió hacerse

Hace poco más de un mes, la reseña en este espacio de la práctica adoptada como moda por la clase partidista y gobernante: hacerse videos para redes sociales, pintarse la mano naranja, decir un par de frases sobre generar conciencia y prevenir  la violencia contra las mujeres y niñas. Aquello se enmarcaba, lo escribí, dentro de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” promovido desde la Secretaría General de Naciones Unidas.

La inquietud se centró en la duda (no gratuita ni casual) de cómo trasladar, dentro de Coahuila y desde el gobierno, esa campaña en acciones concretas para, efectivamente, prevenir  la violencia contra las mujeres y niñas: se observó una estructura poco profesional y fragmentada, desinteresada hasta de mantener una página de Internet actualizada (ver “La mujer y su Secretaría”, noviembre 15, 2015).

Lamentablemente, la nota trágica de fin de año ha sido el asesinato de una mujer a manos de su ex novio.

Una muerte repentina es, de por sí, algo lamentable. En este caso, además, queda la sensación de que algo más debió hacerse: la ahora víctima acudió a distintas oficinas estatales, solicitó apoyo; el hasta ahora señalado como victimario, fuera del alcance del brazo de la justicia.

Los primeros reportes retratan una respuesta gubernamental insuficiente. En el Centro para el Empoderamiento de las Mujeres, quien ahora no está, habría recibido la recomendación interponer una denuncia. Interpuesta la misma, se dijo hasta tres días después del homicidio, se habría emitido una orden de restricción desde el 6 de noviembre. Aun con esto, la víctima optaría por escribir un mensaje en su cuenta personal de Facebook, a manera de último recurso para quien no tiene más por hacer, compartiendo su desesperación y temores.

Publicar en Facebook, buscando encontrar lo que la estructura gubernamental no supo ofrecer.

De acuerdo con la primera información disponible en distintos medios, el presunto responsable habría abandonado su automóvil, comprado un boleto de camión y partido con dirección a la frontera. Unos tres días después, según comunicado oficial, esto se rectificaría: el buscado estaría todavía en la entidad; la investigación sigue, todo de acuerdo con los protocolos y lo planeado. Fin.  

Ahí está, la sensación de que algo más debió hacerse.

Hasta cincuenta años de cárcel, dice la ley, en los casos de feminicidio. Si dan con el agresor y el procedimiento se lleva con diligencia, por supuesto. Y, aun así, en poco o nada se le responde a quienes recienten la ausencia. Por eso la prevención es tan o más importante que sumar años a la pena: porque cien años en la sombra no regresan una vida arrebatada.

La sensación de que algo más pudo y debió hacerse crece en la misma proporción del silencio de los funcionarios quienes, directamente, debieran aparecer en escena. Como si la desgracia no mereciera la interrupción de las vacaciones; la insensibilidad institucionalizada, la que a los asuntos ve como mero trámite.

En el texto de hace poco más de un mes, el comentario enfiló hacia la Secretaría de la Mujer. Acá el planteamiento es el mismo: cuando de resolver un problema se trata, la estructura está fragmentada, los canales de comunicación entre oficinas son insuficientes, la voluntad no alcanza, el liderazgo se agota cuando la tarea no es electoral.


Algo más y no un reto en redes sociales. Trabajo que cuente, aunque no se vea y no un video y la pose, que nada resuelven.