Municipios olvidados (y otras de turismo)

Desarrollar planes y programas es una acción necesaria en todo gobierno que aspire a hacer bien las cosas. Pero cuando se hacen mal (sin consistencia interna o divorciados de la realidad, por ejemplo), no es más que tiempo y recursos perdidos.

Recién salido del horno, en el Periódico Oficial del 15 de noviembre, puede conocerse el Programa de Desarrollo Turístico de la Región Sureste de Coahuila. Aquí, una vista rápida.

Este Programa integra algunas propuestas, ideas y metas en el rubro turístico para los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Ya, desde aquí, podrá uno hacerse a la idea de que hay Municipios de segunda que no merecieron ser cubiertos con la misma cobija.

Que alguien avise a los municipios de Parras y General Cepeda: a ojos de la Secretaría de Turismo, dejaron de ser importantes. ¿Qué pensarán los hoteleros y restauranteros de estos lugares?

En el Programa Estatal de Turismo 2011-2017 (el "papá" de los documentos en materia de turismo, por decirlo de alguna manera, dado a conocer en septiembre de 2012), la Región Sureste (la más importante del Estado en términos de oferta y demanda) integra a Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda (página 39, de la publicación oficial).

¿Por qué no incluir ahora a General Cepeda y a Parras en un documento que debiera coordinar particularmente la política pública turística de la región? Cuatro probables razones me vienen a la mente: descuido, falta de seguimiento, pobreza de coordinación, ignorancia. Ninguna es más halagadora que otra.

Otro (que parece) descuido: a pesar del bombo y platillo con que se ha querido justificar la ahora Feria Internacional del Libro de Arteaga. ¡Turismo no lo considera un activo en la Región!

¿Qué si considera, por el contrario, un activo en Arteaga? Se señala un proyecto estratégico denominado "Hotel Boutique". ¿Cuál será? Algunos mal pensados podrían estar recordando el complejo turístico valorado en 13 millones de pesos que construyera (fruto del sudor de su frente, faltaba más) el ahora exRector de la Autónoma de Coahuila (ver la nota en VANGUARDIA, 15 de junio, 2011).

Así las cosas. Mientras se publica el Programa Turístico para la Región Sureste, se conoce que el Centro Histórico de Saltillo ya no pinta  dentro de los más importantes (VANGUARDIA, 21 de noviembre, 2013).

Y así, entre descuidos, inconsistencias y realidades que se imponen a las aspiraciones de un documento, este Gobierno se va llenando de papeles.  

Tal vez lo que falte no sea un Programa específico para una región, sino hacer que funcione lo que ya se ha dicho será parte de su trabajo.

Apenas de esta manera podrían entenderse los 2.8 millones de pesos que, de acuerdo con el Programa Operativo Anual, se destinan en campañas promocionales a Viajes Palacio, El Corte Inglés, despegar.com, Aeromar y Best Day. A esto hay que sumarle los poco más de un millón de pesos que se van en vallas móviles en Monterrey, la Revista Hola y Grupo Imagen, entre otros.

Y ya que estamos en el Programa Operativo Anual, póngase atención en la conformación de la "Comisión de Filmaciones del Estado". Para ello se pensó erogar, en la segunda mitad de este año, 100 mil pesos. ¿Para qué?

En abril, el todavía Gobernador presentó la iniciativa de Ley de Filmaciones del Estado. Ahí, entre otros aspectos que valdrá la pena abordar más adelante, se estaría constituyendo un filtro, perdón, un órgano desconcentrado llamado Comisión de Filmaciones. Los Legisladores pensaron que el asunto podía esperar y no se le dio lectura hasta octubre. Faltando mes y medio para terminar el año, aun sin la aprobación respectiva ¿en verdad se usará ese dinero?

¿O será que ya se utilizó para hacer viajes?

Hace algunos meses, en septiembre, la Comisión Mexicana de Filmaciones, el IMCINE y el Gobierno de Veracruz coordinaron la Primera Reunión de Comisiones Fílmicas de México. Ahí, aún sin Comisión constituida, estuvo Coahuila. En febrero del próximo año (si la seguridad lo permite), se estarían reuniendo en Michoacán y después, entre septiembre y noviembre, en Morelos. ¿Pudiera ser que en esos viajes se vayan los 100 pesos?

Planes y programas son necesarios en todo gobierno que aspire a hacer bien las cosas. Pero cuando se hacen mal. Bueno, esa historia ya se conoce.

El lavadero de “El profe”

Pues bien, una fotografía despertó mayores comentarios que el recorrido que hiciere el actual Gobernador.

El informe del todavía Gobernador está a la vuelta de la esquina. Se siente en el ambiente. Es, para comenzar a entenderlo, el primer año en que la coincidencia del origen en el Partido Político Presidente-Gobernador debiera reportar las mayores ventajas.

En honor a lo que puede percibirse, el equipo pareciera estarse asentando. Cada quien en el lugar que le corresponde y haciendo lo que (considera) le corresponde. Reportando, de acuerdo con sus capacidades, actividades y cosas por el estilo.

El todavía Gobernador ahí está pero, por alguna razón, su presencia ni se ve ni se siente con el mismo peso que tuvieron sus homólogos los sexenios pasados.

Hay, por supuesto, pendientes en la agenda. Esos temas sensibles que en el discurso oficial preferirán ver de lado y ocultarlos frente a una imponente máquina publicitaria del Informe.

La seguridad, por supuesto. Por allá, a inicios de año, el todavía Gobernador, argumentando calma, decía "ningún cartel tiene el nombre de nuestro estado" (VANGUARDIA, enero 22, 2013). Aquello fue, entonces, lo más que podía decirse pues, en los números, la tendencia crecía. ¿Cómo va esta historia? En esta misma semana, el Procurador señaló que desde hace siete meses (apenas tres después de que el mandamás del Ejecutivo abriera la boca) se identificó un cártel que se llama "La Nueva Laguna". Ufff.

Otro tema que sigue pendiente (y seguirá, según se ve) es el de la deuda en Coahuila: show me the money. El tiempo abona al olvido. El tiempo, dicen, todo lo perdona.

¿En qué se usó el dinero de la deuda? No se ha dicho. ¿De dónde salió el dinero que, ahora se sabe, exfuncionarios tienen fuera del País, sea en bancos o propiedades? Tampoco se ha dicho. ¿Será que se todo se construyó a espaldas del hombre que todo lo sabía en Coahuila? Las explicaciones no han sido suficientes. Y mírese, estas son preguntas generales. Hay datos específicos que pueden irse pizcando de un lado y otro, donde las preguntas serían mucho más concretas.  

Quien fungiera como Secretario de Operación y Administración en el Gobierno del Coahuila fue, cuando así se necesitó, Coordinador Administrativo de la Presidencia del PRI. ¿Se recuerda? Ambas posiciones coincidieron con las correlativas que ocupó Humberto Moreira. Pues bien, aquél servidor público,  junto con su concuño y un abogado, adquirieron o se asociaron en breve tiempo con un conjunto de empresas entre las que destacaría Súper Medios de Coahuila S.A. de C.V., propietaria de cuatro estaciones de radio en Coahuila: una en Saltillo, otra en Acuña, dos en Piedras Negras. En marzo de 2010 la empresa Televisora Nacional S.A. de C.V. cedió de manera gratuita (mediante oficio CFT/D01/STP/963/2010 emitido por COFETEL) los derechos del título de concesión a favor de Súper Medios de Coahuila S.A. de C.V. ¿Cómo explicar esto?

Esto es la tierra de las oportunidades. No hay duda. Y tierra de los expedientes que nunca cierran.

O un poco antes. En mayo de 2007, quien fuera Secretario de Operación y Administración en el Gobierno del Coahuila (el funcionario ya aludido) constituyó, en la Ciudad de San Antonio Texas, la empresa Vicap Global Investments LLC. Esta empresa, puede rastrearse, adquirió de un empresario televisivo una propiedad allá en Texas, con un valor, entonces, en el mercado de 860 mil 000 USD. ¿Para vendérsela al hermano del dueño original? Tierra de las oportunidades y las coincidencias. En el mismo domicilio registrado para Vicap Global Investments LLC, se constituyó la empresa Transnational Construction& Real State Co. y Procon Marketing, LLC. En las tres, sea como presidente, socio o agente, aparece quien cobrara como Secretario de Operación y Administración del Gobierno de la Gente y luego como Coordinador Administrativo del PRI.  ¿Más coincidencias?

Por supuesto que de esos pendientes no se hablará en el Informe. La atención estará en otros datos, en otras cifras. Si es que no le roban (oootra vez) los reflectores al todavía Gobernador.

Hace unos días, por ejemplo, se dio a conocer una fotografía del exgobernador enseñando su abdomen de lavadero, como le dicen.

Pues bien, esa sola fotografía (el cuasi-six pack de un exgobernador) despertó mayores comentarios que el recorrido de 2 mil kilómetros, por 16 municipios y 31 comunidades, entregando 175 millones de pesos que hiciere el actual Gobernador. Así el panorama.

Y entre los comentarios, por cierto, aquel de que no era sobre aquel lavadero del que El Profe debiera platicar la historia.

Transparencia y ¿en casa del herrero? (2)

Según la Ley en Coahuila, entre lo que el Congreso del Estado debe publicar de manera mínima se encuentran las iniciativas. Y ahí están: muchas dormirán el sueño de los justos y jamás tendrán aplicación; otras, a partir de las discusiones y negociaciones, sufren cambios a lo largo del proceso legislativo antes de su publicación y vigencia. Pero, insisto, ahí están los documentos, a la vista de todos. Se le llama "información mínima".

Desde junio de este año, en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) existe un documento que buscaría regular cómo deben publicar los entes obligados, vía Internet, su información. Al día de hoy, lo que hay en la Ley es un listado general: el documento que está siendo analizado desde hace cinco meses podría provocar que los entes flojos no publiquen solo lo mínimo de lo mínimo.  

Ejerciendo el derecho de acceso a la información, ése que promueve el ICAI, solicité el documento.

Mi intención es poder hacer una comparación entre lo que originalmente se ha propuesto por su Dirección Jurídica y lo que finalmente se aprobará. Esto un poco para saber cuál es el ánimo de los Consejeros del ICAI: ¿subir el estándar de cumplimiento ahora que, por fin, tienen dientes?... O, por el contrario, por lo mismo (que tienen dientes) tener instrumentos más parcos.

Hacer con el documento del ICAI lo mismo que puede hoy hacerse con las iniciativas del Poder Legislativo, para decirlo rápido.

El ICAI, sin embargo, me negó la información. Es reservada, dicen. Argumentan que una divulgación adelantada "podría ocasionar confusión entre los sujetos obligados sobre el ordenamiento que será en su momento el documento final" y que esto "entorpece (el) proceso (de estudio y deliberación) afectando de manera irreparable que el proyecto continúe con su procedimiento respectivo".

La Ley, como referencia, no considera exista un daño irreparable o se provoque confusión alguna cuando se dan a conocer las iniciativas en el trabajo Legislativo. Y vamos que el rango y trascendencia de cualquiera de los documentos redactados en el Congreso es muy superior a los lineamientos que el ICAI guarda como Secreto de Estado.

A quince días de haber reservado la información, en el ICAI siguen sin actualizar su "Indice de Información Reservada". Así, imagino, predican con el ejemplo.

Claro que en eso de la Información Mínima, los del ICAI no tienen mucho que ofrecer. ¿Un ejemplo?

De acuerdo con la información que ahí puede encontrarse, el 30 de junio de 2009 se contrató al actual Director General para prestar sus servicios profesionales como "asesor (externo) del Director General en materia de planeación, organización, dirección y control de proyectos, así como la integración de instrumentos de medición de resultados". Un trabajo de tres meses por 120 mil pesos.

¿Lo curioso? 1) Que la fecha en que iniciaría el contrato, no había Director General; 2) Aun cuando está publicado en la página de Internet, a pregunta expresa para tener una versión pública del contrato, el ICAI respondió hace tiempo que no existía; 3) Un mes antes de que terminara la vigencia de dicho contrato, el asesor externo se vuelve Director General. Muchas casualidades, ¿no?

Eso es tan inconsistente con el órgano promotor de la transparencia como el mantener en la nómina a alguien que se va a estudiar a España. Así de simple y sin entrar en detalle.

Cuánta falta le hace al ICAI cumplir con su propia Ley que le obliga "establecer la organización y el funcionamiento de un Consejo Ciudadano como órgano de consulta, apoyo y colaboración en la materia, a fin de diseñar un sistema de control y evaluación ciudadano del Instituto" (art. 40, fracción VIII, numeral 2). Cuánta falta por esto último, ese control y evaluación ciudadana.

Ante la negativa del ICAI de darme el documento que pedí sobre los nuevos parámetros de la información a publicarse en Internet, presenté un recurso. Me inconformo porque no considero se acredite la prueba de daño, porque no comparto el criterio de reserva.

Tendrán el ICAI que resolver siendo juez y parte: o darme la información, diferenciándose del criterio de su Dirección Jurídica (la que les proveería de estudios y criterios para su trabajo); o coincidiendo, como promotores de la transparencia, con la reserva y el secreto.

Y así. En casa del herrero.

Transparencia y ¿en casa del herrero? (1)

Cosas de la vida. Me entero que al interior del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) se están elaborando los nuevos parámetros de cumplimiento que sujetarían a todos los entes obligados en cuanto a lo que publican por Internet. La pregunta natural, me parece, es cómo vendrán: ¿subirán el estándar de cumplimiento o generarán un esquema más cómodo para todos los obligados, para sacar buena nota sin esfuerzo?

Ejerciendo aquello que se llama transparencia, solicité el documento. ¿La respuesta? Resulta que es información reservada y tendría que esperar unos dos años para conocerla. O menos, cuando el Consejo General "libere" la versión final del documento.

Dicho rápido: me topé con lo que parece ser el único documento reservado en el ICAI. Todavía hasta el día de ayer, en su página, el ICAI decía que "Por el momento este Instituto no cuenta con información que sea de carácter reservada" (punto 21, su Información Pública Mínima). Mala suerte la mía, supongo.

En Coahuila, en principio, toda información generada en una oficina pública es, como podrá imaginarse, pública. Cuando se trate de información que, por ejemplo, pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de alguna persona o comprometa la seguridad del Estado (artículo 30, Ley de Transparencia), la información se guarda: la consecuencia negativa de su divulgación supera el beneficio.

Entre los motivos por los que una entidad puede reservar la información está aquél cuando el documento "contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada" (fracción VI, artículo ya citado). Por ahí se fueron los del ICAI para no darme el documento "top secret".

A ojos de la Unidad Administrativa donde se resguarda el documento, el darlo a conocer "entorpecería este proceso (el estudio y deliberación del Consejo General), afectando de manera irreparable que el proyecto continúe con el procedimiento respectivo".

¿Afectación irreparable? ¿En serio?

En el mismo acuerdo de reserva (documento que, por Ley, debe generarse para poder negar la información) también puede leerse que la "divulgación (del documento) podría ocasionar confusión entre los sujetos obligados sobre el ordenamiento que será en su momento el documento final".

Otra vez, ¿en serio?

No comparto el criterio, por supuesto. Aquí, algunos argumentos:

En primer lugar, porque de acuerdo con la misma fracción VI "se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan (sic) de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución". En el momento en que la Dirección Jurídica del ICAI remitió a su Director General el proyecto, vía Memo DJ/53/2013, la Unidad Administrativa tomó una decisión definitiva (entregar el documento, para análisis) y concluyó una etapa, la de elaboración del documento. Ya si pasa sin cambios o, por el contrario, le modifican algo más que los signos de puntuación, es asunto del Consejo General, pero será una nueva etapa.

Quien reservó la información tampoco estaría del todo convencida de que su divulgación afectará de modo irreparable el proceso. Cuando funda y motiva su decisión dice "su divulgación podría ocasionar confusión". Detrás del "podría" falta seguridad, hay duda.

En el fondo no veo argumentos para sostener aquello que se llama "la prueba de daño", es decir, la "carga de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley."(fracción XXIV, artículo 3 de la Ley). Cuando hay duda, además, opera el principio de máxima publicidad que dice, artículo 5 de multicitada Ley, que "en caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la información, el servidor público deberá favorecer la publicidad de la misma".

¿Daño irreparable al proceso, por conocer un documento que aún no se aprueba? En la próxima entrega, comparto la opinión al respecto y algunos datos más.

Mientras tanto, aquí en Coahuila la atención ha de estar en otros asuntos. Estarán en el ICAI poniendo los manteles largos para recibir, este viernes, a representantes de otros Institutos y Consejos de Transparencia para hablar del tema educativo, los retos y avances. La buena cara, pues.

Candil en la calle.