Sobre el proyecto...

Archivo de las colaboraciones publicadas semanalmente en VANGUARDIA (Saltillo, México) en el espacio "En la Agenda" sobre lo que se observa en gobiernos subnacionales... Porque no se trata de un solo gobierno: son los mismos detalles que se ven por todos lados. Lo que lee pudiera ser de cualquier gobierno... o un gobierno cualquiera.

domingo, 29 de enero de 2012

Mejores leyes, no cobijas

Hace unos diez días, el diputado local Fernando de la Fuente propuso, con carácter de urgente, que la Junta de Gobierno designara una comisión de Diputados "para visitar los Ejidos de la región desértica de los Municipios de Cuatro Ciénegas y Ocampo para conocer directamente la situación en que se encuentran los habitantes de estos lugares, elaboren un informe para estar en posibilidad de apoyar sus gestiones y promover  mejoras a sus condiciones de vida". Un poco más adelante se agrega, como trabajo de la comisión que se designaría, el establecer "comunicación con las instancias de gobierno responsables para solicitar la aplicación de recursos de manera inmediata a la solución de la problemática de los ejidos".
Con la sensibilidad de una piedra, la mayoría decidió que el asunto no era urgente, que debía analizarse en comisiones. De las y los diputados locales, sólo 8 respaldaron a De la Fuente pensando que el asunto merecía inmediata atención. 15 diputados, no.
Ojo: la propuesta la impulsó un priísta, en un Congreso con mayoría priísta. Llegó a Tribuna y se aprobó junto con el orden del día.  ¿Para no respaldarla? La sensibilidad de una piedra y una coordinación interna al estilo la chiripiorca del Chaparrón, aquél memorable personaje de Chespirito. Pero la historia no termina ahí.
Tres o cuatro días después (esto es para Ripley's. Aunque Usted no lo crea), un grupo de diputados locales, esos que habían dicho no, ¡realizaron una gira de trabajo e inspección por Cuatro Ciénegas! Trascendió que durante el recorrido, además, entregaron despensas y cobijas.
¿Error o maniobra? ¿Y si el no aprobar la creación de una comisión fue para evitar que la (de por sí mínima) oposición tuviera oportunidad de ir a la región? Esto significaría que con recursos del Congreso, algunos pocos seleccionados hacen gira de promoción. En fin.
Otras muchas instancias hay para entregar despensas y regalar cobijas. Y, perdón, pero eso de querer demostrar compromiso social pintando canchas deportivas, por mencionar un ejemplo, no es precisamente una visión de Estado. Por el contrario, ninguna de las oficinas involucradas con el desarrollo social puede hacer lo que el Congreso pareciera dejar de lado: legislar.
Ahí está, como muestra, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Coahuila, prácticamente un clon de la federal, salvo dos excepciones: los límites para hacerle publicidad al trabajo y la evaluación de la política social.
Sobre la publicidad que se hace, mientras que a nivel nacional se repite hasta el cansancio que el programa es público, ajeno a cualquier partido político y que queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social, la Ley de Coahuila no contempla leyenda alguna. Un detalle, si se quiere, pero es el ánimo que se sepa que los programas sociales deben llegar a los que se deba y no como generador de capital político. Transparencia, esa palabra.
La otra diferencia está en la evaluación de la política social. Mientras que a nivel nacional se constituyó el Coneval con toda la mano y dándole toda la autonomía para que, de haber errores y áreas de oportunidad, pudiera señalarse de manera profesional y objetiva, la Ley de Coahuila le impone esta responsabilidad al Congreso del Estado donde, dicho sea de paso, jamás se ha hecho. Y, mirándolo bien, aquí quizás no sea un tema de voluntad: nuestro Congreso no tiene la especialización o capacidad institucional instalada para coadyuvar en una evaluación de la política pública de desarrollo social. Otro detalle, quizás. Salvo los datos que nos llegan del orden federal, no hay manera oficial de conocer si funciona o no lo que nuestras instancias para el desarrollo social hacen.
La propuesta del diputado De la Fuente era pertinente y oportuna, una lástima los votos en contra de sus copartidarios. Lo otro, la gira express,  fue querer enderezar las cosas, no una muestra de compromiso o sensibilidad. Pareció un tirón de orejas que, de tan fuerte, los llevó directo a la cuna de Carranza.  

De esos compromisos que no quedan saldados con despensas y cobijas. Del Congreso se esperan mejores leyes.

domingo, 22 de enero de 2012

Poderes Salvajes

Hace cosa de un año, allá en Roma, el filósofo Luigi Ferrajoli enviaba a imprenta su último libro, "Poderes Salvajes", un volumen más bien modesto donde se reúnen y sistematizan ensayos ya publicados y algunos otros de nuevo cuño, todos perfectamente engarzados en un hilo conductor: la crisis de la democracia constitucional.
Del escritorio de Ferrajoli y su perfecto italiano, a una casa editora española (Trotta) para su traducción e impresión, a una librería del norte de México, tardó menos de un año. Cosas de la modernidad, imagino.
Nota al margen. En 2004, Ediciones Cal y Arena publicó un libro homónimo, "Poderes Salvajes". Lo escribió el investigador Raúl Trejo Delarbre y versa sobre los medios de comunicación y su incidencia en diversos aspectos de la vida. Más allá de la coincidencia en el título, dato curioso, Trejo usó una cita de Ferrajoli para iniciar su texto. De esas cosas para coleccionar.
Pero regreso a Ferrajoli. Decía, entonces, que el hilo conductor del texto es la crisis de la democracia constitucional. Agrego que el laboratorio del filósofo es Italia, su país. Pues bien, lo primero no debiera limitar el interés de un público ajeno a la ciencia política o al derecho; con lo segundo, no debiera suponerse que lo ahí escrito es un asunto alejado de una realidad propia de, por ejemplo, nuestro país, nuestro estado o municipio. Y es que el tratamiento del profesor Ferrajoli es claro y contundente y las reflexiones que derivan de su natal Italia cobran plena vigencia, me parece, en nuestra comunidad.
Lo fundamental de "Poderes Salvajes" está en la advertencia que hace su autor de los abusos del modelo democrático, dada la omnipotencia de una mayoría irracional que neutraliza reglas y mecanismos de contrapesos. Y, dice el autor: "La idea elemental que está en la base de esta pretensión es que el consenso popular es la única fuente de legitimación del poder político y, por ello, serviría para legitimar todo abuso y para deslegitimar críticas y controles". Agrega que "los enemigos de la democracia constitucional son también los principales enemigos, disfrazados de amigos, de la democracia política", a quienes se les puede identificar porque tras una máscara democrática ocultan "una deformación profunda de las instituciones representativas".
Da el autor mayores datos para identificar la decadencia democrática: por una parte, existe un exacerbado populismo que genera la idea de que "el jefe" es la encarnación de la voluntad popular: ahí no cuenta la pluralidad o las voces disidentes, el líder político tiene tan afinada sensibilidad que lo sabe todo, para todo tiene una respuesta, de todo puede encargarse.
Un segundo factor es el conflicto de intereses entre las esferas públicas y privadas. Cuando se tienen funcionarios públicos pensando cómo llenarse la bolsa, llenársela a sus empresas o a las empresas de sus amigos, lo que hay es una bomba de tiempo. La corrupción es el signo externo de esta enfermedad del estado.  En palabras del autor, "La voracidad de la nueva clase política, su falta de sentido del límite y el desprecio de las reglas han hecho extenderse de nuevo los abusos del poder y los negocios sucios".
Un tercer factor es "la creciente integración de los partidos en el Estado y la consiguiente pérdida de otra separación: la separación entre partidos e instituciones y el papel de los primeros como instrumentos de la mediación representativa de las segundas con la sociedad".
Otro factor es el control de la información, el cual ilustra con las palabras de Condorcet: "Controlando la información, el poder político persigue la homologación ideológica y política haciendo que los ciudadanos no aprendan nada que no sirva para confirmarles en las opiniones que sus gobernantes quieren suscitar en ellos".
Lo ya dicho: la Italia que observa Ferrajoli pudiera no estar tan lejos. ¿O sí?

Me dicen que ya no es fácil encontrar en librerías "Poderes Salvajes". Es altamente probable que a Saltillo, mírese que no somos buen mercado para la lectura, ni haya llegado. Es una lástima; es de esos textos que te replantean muchas cosas como ciudadanía.
     

domingo, 15 de enero de 2012

Coahuila: la obra pública y el hilo negro

Ahora sí. De verdad. De adeveras. De adeveritas.
Acariciando ya los primeros 50 días del nuevo gobierno se firmó otro compromiso: el "Convenio de Coordinación Interinstitucional para la Ejecución de Obras Públicas 2011-2017".
Muy particular el Convenio, dicho sea de paso: se firma ¡entre dos instancias del propio Ejecutivo! Tal vez el horno no esté para bollos, pero hubiese tenido mayor significado político poderle firmar compromisos al gremio de la construcción: pagarle en tiempo y forma, por ejemplo.
Y es que, si quienes se comprometen son del Ejecutivo ¿no hubiera sido suficiente una indicación del Gobernador para que la Secretaría de Infraestructura y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa se coordinaran? Es más común ver convenios de coordinación entre Estado y Municipios o entre Ejecutivo y los otros poderes, pero, en serio, ¿dentro del mismo Poder? Así las cosas habrá de esperarse con ansias el anuncio, para estar a tono, de una "Jornada de Convenios de Coordinación entre Subsecretarías". De una misma Secretaría, por supuesto. Puede que no sean muy útiles, pero serán buen pretexto para sacar un par de fotos.
Minucias, dirán algunos; que no es relevante entre quiénes se firme, dirán otros. Lo que importa, dirán al unísono, es que en este convenio hay un compromiso, firmado, de ser transparentes y ejecutar las obras en orden. Que ahora sí es verdad, que ahora sí es de adeveritas. 
No ha de importar, entonces, que diferentes leyes estatales, vigentes desde hace años, dicen que la actuación del funcionario público coahuilense debe ser, entre otros aspectos, transparente y ordenada. Y, digo, no ha de importar, pues ha sido necesario inventar el hilo negro, hacer un convenio ¡y anunciarlo como novedad!
Y de novedades hablando, se habla de la renovación de las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública. Es cierto que toda ley es perfectible, pero habrá que aceptar que los problemas del pasado reciente se generaron más por la ausencia de voluntad y buen ejemplo que por leyes imperfectas.
El comunicado en la página del Gobierno no destaca la presencia del ICAI. Se habla de transparencia y ¿la autoridad constitucional en la materia, ausente? Tal vez a alguien se le pasó invitarlos: así de importantes son en la vida del Estado. De cualquier manera, creo no hubieran aportado mucho: ellos mismos tienen siete años sin poderse construirse un edificio, con el dinero ocioso en una cuenta de banco. Además, tienen más responsabilidades que las que pueden sacar adelante.
Tampoco se destaca la presencia de la Auditoría Superior del Estado y esto sí es lamentable; si en algún lugar existe una clara idea de qué debiera fortalecerse en esas dos leyes, es ahí. Esta afirmación no es información privilegiada o un secreto: ha sido parte recurrente en los Informes que anualmente entrega al Congreso del Estado. Estuvo bien representado el Legislativo, pero la Auditoría sí que pudiera aportarle al tema.
Lo que digo es que, pensando en los acostumbrados informes de los primeros 100 días de una administración, otras actividades hubiesen lucido más que la firma de un convenio impertinente. Pero se ha de estar trabajando con lo que hay y, por lo que se ve, no es mucho. No vaya siendo que, para los primeros 100 días, lo que más abunde el informe sean convenios y anuncios de que falta poco, muy poco para comenzar a ver trabajo real.
El catálogo de "buenas prácticas" en las materias de compras y obra pública es extenso y bien nutrido. Hay administraciones que, por ejemplo, hacen pública la bitácora y los avances de obra casi en tiempo real a través de páginas de internet. Hay otros ejemplos donde, con poca inversión, puede fortalecerse la vigilancia. ¿Mejores leyes? Claro. Pero ejemplos sobran donde la ley no es suficiente porque no hay voluntad de observarla. Mal sabor de boca deja eso de anunciar, como una novedad, el coordinarse y hacer bien la chamba.
En la gestión pública, cuando no hay recursos económicos, lo que te queda es la creatividad del recurso humano. Si se aprovechara no habría necesidad de tratar de inventar el hilo negro o hacer actos públicos para llenar agendas.

   

domingo, 8 de enero de 2012

Guinness

Una buena ocurrencia, que no es igual a una buena idea.
Hay datos que no deben despreciarse: el libro Guinness de los récords es de los más vendidos, en más de 30 idiomas, en más de 100 países. En los momentos de ocio, nunca está de sobra enterarse de quiénes se han dado el beso más largo, dónde está la colección más grande de la serie "Los Angeles de Charly", ha saltado más veces la cuerda o ha comido más BigMacs del McDonald's.
El libro, y lo que se publica en torno a él, resulta más que entretenido, útil; por eso desconcierta cuando se le involucra con acciones de gobierno.
Hace un par de años, para tener una referencia, el Gobierno del Distrito Federal organizó la "Rosca Bicentenario 2010". Unos 720 metros de pan elaborado por unos 3 mil panaderos usando casi ocho toneladas de harina, tres toneladas de mantequilla y poco menos de 60 mil huevos. El triunfo fue indiscutible, el récord se logró; es el beneficio el que queda en duda. ¿Cómo justificar que el fin último de una acción de gobierno (entiéndase presupuesto, recursos humanos, tiempo) sea estar en un libro de records? Podrán elaborarse enredados argumentos que apelen a la búsqueda de un símbolo de orgullo y similares. Pero ¿en serio se justifica? La inclusión en los Guinness, me parece, abona más al ego de los gobernantes que al beneficio de las personas.
El comentario del Guinness viene a cuenta porque el pasado jueves, la Presidencia de la República informó de la colocación del último segmento del Puente Baluarte Bicentenario, en la carretera Mazatlán-Durango, siendo, aquí deben oírse fanfarrias de fondo, la cereza del pastel la ¡recepción del Record Guinness por ser el puente más alto de su tipo! Es decir, a partir de ahora, este orgullo nacional podrá compartir páginas con Francisco Joaquim, la boca más ancha, o el turco Sultan Kösen, quien con sus dos metros y medio de estatura es el hombre más alto.
¿Me paso de agrio? Imagino que la obra esa del Puente Baluarte debe ser magnífica; en eso no va la duda. ¿Pero que la referencia sea un record Guinness? ¿Por qué no tener, por ejemplo, el reconocimiento de alguna instancia internacional que verifique un bajo impacto ambiental? ¿Por qué no buscar un récord por ser la obra que menos sobrepasó el precio inicial presupuestado? Cosas así, que enfaticen la utilidad de las decisiones y acciones.
Y en esto no hay favoritos y a todos con la misma tijera; ¡cómo se parecen los diferentes! Hace cosa de un mes, y se había quedado en el tintero, Coahuila tuvo también su Record Guinness. Fue en Piedras Negras por la bandera izada más grande: un asta de 120 metros y un Lábaro Patrio se 60 por 34 metros. Unas 5 mil personas fueron testigos de la entrega del certificado y la pirotecnia que engalanó el evento que, imagino por su importancia, fue parte de las primeras actividades del Gobernador. ¿Y luego?
Dudo haya migraciones masivas, detonantes del turismo de Piedras Negras, para ver el Guinness. ¿O, para qué sirvió? Ignoro el costo final del asta bandera, si había razón suficiente para pagar lo que se haya pagado o si, para decirlo rápido, valía más no tener un Guinness y emplear el dinero de esa obra (y la pirotecnia) en algún programa socia. Digo, para que hubieran durado un poco más.
¿O es que sólo podemos aspirar al Guinness? En reconocimientos como Agenda Desde Lo Local, pocos municipios coahuilenses dijeron "esta boca es mía". Está abierta la convocatoria para un premio nacional sobre innovación y mejora de la gestión donde, con toda seguridad, Coahuila brillará por su ausencia. Así ha sido en los últimos años. Y la lista puede seguir.

Cosas buenas se han hecho. Piedras Negras es ejemplo en muchos aspectos. Es sólo que creo debiéramos esperar mucha más creatividad en las políticas públicas para no contar, entre los logros en un informe gubernamental, tener el pan de pulque más pesado o el sarape más extenso. Buena ocurrencia lo del Guinness, pero no una buena idea. 

domingo, 1 de enero de 2012

Fiscalía de Coahuila: ¿Qué fracasó?

No es retórica o pregunta sarcástica. Estando a un par de pasos para su desaparición, estoy convencido de que debe hacerse la pregunta: ¿en qué fracasó la Fiscalía General de Coahuila?
La Fiscalía, recuérdese, comienza a ver la luz allá por enero de 2009 (para el supersticioso señalo: la iniciativa se recibe en el Congreso un martes 13). Según la exposición de motivos, la idea de fusionar la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad fue producto de "un estudio y profundo análisis" y "en función de la urgencia con la que tenemos que afrontar a la delincuencia". Se anunciaba un modelo innovador para la seguridad pública y la procuración de justicia: era para hacerle frente a la situación que predominaba y para adelantarse a los tiempos violentos que, por cierto, son hoy historia reciente y anécdota del día a día.
La Fiscalía, sigo con la exposición de motivos, se creó con autonomía constitucional y criterio jurídico propio; se fortaleció, al menos en papel, al Ministerio Público; con el "objeto de dar continuidad a las acciones y funciones" se les proveyó de periodos transexenales a sus titulares y una larga lista de etcéteras que harían de la Fiscalía una superinstancia: todo se profesionalizaba, todo se fortalecía.
Aquello era la máxima solución.
El crimen, sin tener cifras a la mano, parece haberse incrementado en los últimos años. Concediendo esto ¿qué del modelo lo propició? O, por el contrario, ¿no será que gracias a la Fiscalía no se está peor? Preguntas sin respuesta pues, de un plumazo (aparentemente sin una amplia discusión, en foros por ejemplo) la máxima solución no durará ni tres años.
Es costoso desaparecer organizaciones públicas. Y -déjeme lo digo con cuidado-, dentro de los costos, el económico es el menor. El nacimiento de una oficina pública viene acompañada de la expectativa de que el trabajo a realizar llenará un faltante en el concierto del quehacer público. Su desaparición genera, al menos, incertidumbre (¿entonces, para qué se constituyó?) y desilusión (y si esto, anunciado como el remedio, no sirvió ¿será que no hay esperanza?). Estos costos, la incertidumbre y la desilusión, no son algo que pueda compensarse con moneda corriente.
Debe hacerse la pregunta, además, porque ¿cómo reparar algo cuando se desconoce cuál parte es la que no funciona?
En esencia, el modelo de la Fiscalía parecía lógico. ¿Qué falló entonces? Ahora que se le ha preguntado sobre su pasada labor, el Fiscal con licencia dice: "Hice mi trabajo con todo el empeño y profesionalismo que debí haber puesto. No tengo más comentarios sobre eso". Es decir, ahí hay un callejón sin salida.
Habrá otras instancias de cuya efectividad puede dudarse y, sin embargo, ¡ahí siguen! Por esto llama la atención esta desaparición.
Desde su creación la que fuera la fracción del PAN en el Congreso se opuso bajo cinco argumentos principales: la concentración del poder en una sola persona; lo prolongado del periodo del cargo de Fiscal (lo que se veía como inconveniente); el hecho de que, por transitorios, el entonces Procurador aseguraba casi 20 años de ejercicio; que la autonomía dada a la Fiscalía era insuficiente y, finalmente, que había disposiciones en la reforma que atentaban contra la autonomía municipal (en el Diario de Debates del 17 de febrero de aquel año, por ejemplo, puede leerse la argumentación completa). ¿Fueron aquellas razones las que, finalmente, obligaron a la desaparición de la Fiscalía? Lo dudo. Entonces ¿qué motiva el cambio de modelo, por qué regresar a una Procuraduría?
Si fue un asunto de personas ¿por qué no simplemente cambiarlas?: una parte importante, parece, incluso se mantendrá. Si el problema fue el modelo ¿por qué no hacer ajustes legislativos? La Fiscalía podía presentar iniciativas de leyes en las materias de seguridad pública y procuración de justicia. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué una solución radical? ¿A quién no le gustó el modelo?

Por cierto: quien como Fiscal pudo presentar reformas para fortalecer las materias a su cargo y no lo hizo es, ahora, la mente tras el paquete de iniciativas en materias relacionadas que se estarían presentando hoy domingo ante el Congreso. ¿Tiene lógica?