La clase política, ésa que siendo minoría se impone a la mayoría,
busca perpetuarse en el poder (dicen los clásicos, léase a Gaetano Mosca por
ejemplo) a través de dos mecanismos: la generación de estructura y el dictado
de normas.
En lo primero, la burocracia: La clase política decide qué importa y a
ello le destina recursos y le facilita el camino; los temas crecen, están en la
agenda; la burocracia, recíproca al favor, defiende a quien le da trabajo y
mantiene la sensación del indispensable para el asunto. En lo segundo, las
leyes: Se construyen argumentos y se califica, desde la legitimidad del poder,
qué es bueno o malo, qué se permite o no; incentiva las conductas esperadas y
castiga lo que cuestione la situación como la conocemos.
Burocracia y normas que cuidan los intereses de la clase política, no
es necesariamente excluyente del interés y cuidado de todos los demás. Su
presencia y funcionamiento facilitan la interacción, proveen de un marco de
regularidad y certeza. El problema vendrá cuando la clase política se agria,
pues agria a su burocracia y leyes.
Pero pasemos del mundo de las ideas al mundo real.
En eso llamado transparencia (en el modelo mexicano) podemos encontrar
un buen ejemplo de todo esto. Se crea estructura y se sostiene, bajo la idea
fortalecer el tema; se legisla de manera exhaustiva sobre lo que se considera
importante: ahora se publica aquello como algo adicional a lo existente, ahora
debe contestarse en menos tiempo cualquier pregunta, etcétera.
Pero, ojo: la burocracia creada y las leyes existentes son, por
origen, una expresión del poder de la clase política. ¿Cuándo existirá
burocracia o ley que atente contra sus intereses? La respuesta es obvia. Eso
solo ha sucedido por excepción: sea por error de cálculo, sea por la desesperación
originada en una crisis. De ahí, no más.
En Coahuila, como el péndulo, a consecuencia de un completo estado de
opacidad experimentado el discurso y acciones ahora se saturan de eso llamado
transparencia. A la burocracia en el tema se le ha dado de todo y se le ha
soltado un poco la rienda (pero la rienda, ahí sigue); en lo normativo, se ha
reformado sobre la reforma y las reglas se han sobrescrito incontablemente bajo
el argumento de siempre estar a la vanguardia.
Y mientras todo esto sucedía, la transparencia (estructura y norma)
nunca tocó el fondo del sector minero. Oh, casualidad. En un Estado que resulta
ser importantísimo proveedor de carbón para la producción de electricidad
(cifras con muchos ceros) y se sigue esperando la explotación del subsuelo y
sus gases, la transparencia volteaba a otro lado.
Víctima de su propia opacidad, la Promotora para el Desarrollo Minero
(PRODEMI) estaría sufriendo un golpe fuerte en su operación (VANGUARDIA,
septiembre 24, 2015). Entre los daños colaterales, los empleos de la zona. ¿O
les beneficiará en el mediano plazo? Los comentarios por confirmar son los
mismos en todos lados: en el carbón, pocos son los que se llevan las ganancias;
los del gobierno estatal y municipal supieron cómo estar en la repartición.
La opacidad en lo relacionado con la industria extractiva no es asunto
que solo importe y afecte a los coahuilenses. A México le urge adherirse a la
EITI, siglas de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva.
Y ahí, PRODEMI será ejemplo de lo que no debe hacerse.
