Elefantes blancos y trabajo infantil

La evidencia se acumula: acá, primero la sumisión al desempeño.

Así, entre otros, nada deben temer algunas Secretarías que se inventaron de la nada y cuyos resultados no difieren a cuando sobrevivían como modestos institutos: la de la Juventud, la de la Mujer. Esta administración, recuérdese, se inventó también una Secretaría del Trabajo. Elefantes blancos, la lista es larga.

Conocida esta última como SETRA, tiene entre sus responsabilidades (por cierto) la de “realizar visitas de verificación e inspección… para comprobar el cumplimiento” de las normas laborales (artículo 35, fracción XII Ley Orgánica). Asuntos recientes sobre trabajo infantil, demuestran un muy pobre desempeño.

En 2014, según cifras de la propia SETRA, los menores encontrados trabajando de manera irregular sumaron 26. Para julio de este año eran 40 (VANGUARDIA, julio 29, 2015). Súmele los 54, de lo acontecido recientemente.

En el Plan Estatal de Desarrollo se establece una meta para 2017: bajar el porcentaje de ocupación infantil, del 7.4% (reportado en 2011) al 3%. ¿Cómo van? Los resultados no son alentadores, pero será hasta septiembre que, gracias al INEGI, podrá saberse algo con certeza.

Por cierto, no se crea que el rescate de más de cinco decenas de menores fue resultado de atinadas visitas de verificación: de no ser porque un padre interpuso una denuncia, el asunto seguiría en el anonimato. Golpe de suerte, pues.

No hay contundencia en los resultados debido a esa maña de inventarse elefantes blancos y ponerlos sobre una telaraña de normas y procedimientos que merman su efectividad. Se llenan de planeaciones y formatos que nadie revisa pues a nadie interesa.

Cuando en el Programa Operativo Anual 2015, por ejemplo, explican el programa de visitas de verificación e inspección  ¡dejaron el formato usado desde el 2012!... ni el año pudieron cambiar. Aquí el hueco que hoy es noticia. Sobra decir que no hay información de cuántas inspecciones harán ni cuáles son los resultados esperados. Un documento para salir del paso.

Como veían que resistía, además, fueron a llamar a otro elefante. Y le llamaron “Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Coahuila de Zaragoza”.

No escatimaron en palabras para la denominación, pero hasta ahí llegó el esfuerzo. Cumplir la forma y nada más.

Su Acuerdo de Creación se publicó en marzo de 2014. Era tal la prioridad del asunto que no fue sino hasta septiembre (seis meses después) que celebraron su primera sesión. Según trasciende en boletines del propio Ejecutivo, se presentó un programa de trabajo. Pero ¿después de eso? Lo que haya sucedido no es información disponible por medios ordinarios.

La Comisión debiera reunirse cada tres meses. De su primera sesión al día de hoy debió haber, entonces, tres más. ¿Fue así? ¿Sirvieron para algo? Esta Comisión, pomposamente se afirma, es de “carácter permanente” y debiera funcionar para “la coordinación de las dependencias y entidades… en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones” etcétera (artículo 1). Palabras. En el mismo documento (artículo 10) se establece que la Secretaría del Trabajo es la que, en términos de la normatividad en materia de transparencia, debe responsabilizarse de la información y solicitudes. Pero ni por ahí se le puede entrar a la maraña.

Todo un aparato montado… para la foto. Todas las instancias coordinadas… en el discurso. Unos 54 menores explotados en ranchos agrícolas hoy rescatados… por casualidad.

Pero, hablemos de toros…

Secretario de (des)Gobierno

Algo no anda bien. No cuadra, como luego se dice.

La agenda estatal fue recientemente ocupada con lo de los taurinos. Una batalla librada no hace mucho y ya resuelta, que revivió más como revancha política que como un asunto bien meditado. Los legisladores dicen que no, que las cosas cambian. Pero pueden decir mucho: no han dado elementos para confiarles demasiado.

Si cambiar leyes para apaciguar contrarios no está bien, peor aquello de que la maquinaria pública se gaste en esos ruedos en lugar de ocuparse de otra agenda, la de los niños esclavos. Pero todo esto, al fin, es un síntoma de los tiempos que se viven: dónde están las prioridades y cómo funciona un régimen que insiste en mostrar una cara democrática.

Algo no anda bien, no cuadra.  La semana dio muchas muestras.

El Secretario de Desarrollo Rural convocó a una rueda de prensa para aclarar lo que dijo y no durante un evento en el centro del Estado. De ahí, tres hallazgos: primero, algunos medios se encargaron de inventarse y sostener una versión malintencionada de lo que nunca sucedió… sus hábitos, necesidades y razones tendrán; segundo, éste Secretario está entero y da la cara; tercero, en este gobierno la comunicación entre Secretarios se da vía periodicazos.

La medida extrema del de Desarrollo Rural se da después de que el Secretario de Gobierno dijera a la prensa: “Yo creo que anda mal nuestro compañero de gabinete, puede que tenga un problema de salud mental, tenemos que analizarlo bien, verlo con él, sobre todo que no le falte el respeto al poder legislativo” (VANGUARDIA, agosto 18, 2015).

Así, sin todos los elementos y haciendo caso del chisme, el Secretario encargado de mantener el orden dentro de la entidad le desordena el equipo de trabajo a su patrón.

Esa falta de delicadeza en las declaraciones es tanto como provocarle una crisis a su gobierno afirmando tener una narconómina de periodistas. ¿Qué ya sucedió?... ¡Avísenme!

Se recordarán las semanas donde el centro de atención estuvo en lo revelado por el Secretario en una entrevista de banqueta. Entonces, como hasta ahora, el motivo pareció el mismo: mandar un mensaje. La incapacidad de hacerlo, de manera efectiva, por otros medios oficiales.

Allá, el punto final lo puso el anuncio de que todos los elementos en poder del Secretario habían sido entregados a la autoridad competente. Ya podemos imaginar la relevancia de la información presentada: nada ha sucedido.

Pero el asunto es que algo no anda bien. No cuadra.

La administración que al entrar prometió integrar a los perfiles mejor calificados, muy pronto se convirtió en un gobierno de los perfiles regulares disponibles. De la primera alineación, pocos quedan. Este gobierno no incentiva ni premia un buen trabajo. Otros han de ser los requerimientos del jefe; a lo mejor gusta de la convivencia en conflicto, donde quien quiera pertenecer debe rasparse.

En un gabinete, las patadas debajo de la mesa son algo hasta cierto punto normal. La tensión del poder y la esperanza de ser el siguiente. Pero cuando las patadas se las dan en público hay, de plano, una disfuncionalidad.

El Secretario de Gobierno se fue de boca sin medir las consecuencias, mostrando las debilidades de un equipo fracturado. No es la primera vez, pero ni lo mueven ni se disculpa.

O su jefe no está enterado (por tanto viaje) o es quien da las instrucciones. Así de sencillo. 

Fotomultas

Padeciendo una embestida mediática cotidiana y siendo un gobierno procedente de una arena partidista diferente a la dominante en el Estado, la administración municipal de Saltillo decidió implementar un programa impopular, contratar a una empresa de antecedentes poco claros y hacerla efectiva mediante un procedimiento nebuloso o hasta indeterminado: las fotomultas.

Podemos estar de acuerdo en algo: a mayor velocidad en las calles, mayor el número de accidentes y su gravedad. En otra idea, las discrepancias son inexistentes: la reducción de accidentes es algo bueno.  Las diferencias no están en el “qué” (el diagnóstico, el objetivo)… comienzan cuando se piensa en el “cómo”.

Quienes defienden el “qué”, pueden tener razón... pero la inconformidad no está ahí.  Todos los ejemplos y argumentos que den serán insuficientes porque la autoridad municipal se encargó de truncarse el camino al descuidar el “cómo”. Y ahí, para rectificar no hay otra, solo la media vuelta.

¿Cómo fue que se concluyó que las fotomultas eran la mejor (y única) alternativa para atender el asunto? ¿Cómo fue que se decidió contratar a una empresa cuya única dirección conocida es la de una página de internet de no más de dos años de antigüedad? ¿Cómo fue que se llegó a tener una de las multas más costosas en el país?

Quienes tomaron la decisión, debieron sopesar las ventajas frente a las ventajas. Con la información que tuvieron, según su análisis, resultaba mejor andar el camino de la fotomulta. ¿Dónde están esos elementos?

Y aquí, con cuidado. La presente no tendría que ser la peor administración ni la decisión de las fotomultas la más desafortunada que pueda, hoy por hoy, identificarse. El gobierno estatal tiene las suyas, de las que pocos hablan. Pero acá lo importante es cómo se llevó a la práctica: las medidas para amortiguar el (natural) descontento entre la población fueron insípidas y los huecos dejados fueron aprovechados por las fuerzas que siempre ha tenido en contra.

Los brincos para explicar cómo se harán efectivas, pasando de la licencia de conducir al predial y un largo etcétera. Las medidas aplicadas a unidades con placas foráneas o con el domicilio en otro municipio, donde parece reinó la improvisación. El aviso de la colocación de nuevas cámaras para después, de inmediato, eso de que se posponía hasta nuevo aviso. Todo esto, gasolina al fuego.  

La capacidad de la administración municipal para responder los señalamientos en su contra ha sido evidentemente insuficiente. Mientras que los medios ya comprados  por nada cambiarán su agenda, quienes intentaron ver el asunto desde otro ángulo tiraron la toalla al carecer de información. 

Trabajar como oposición no debe ser sencillo: exige el doble del cuidado a quienes tienen apenas la mitad de la experiencia. En un contexto donde vale más tener el poder que la razón y mejor resulta tener cómplices que una buena idea, enfrentar al sistema por mensajes en redes sociales es algo menos que ingenuo.

En Coahuila, el ejemplo es claro: la carrera más exitosa de un alcalde panista la tiene aquél que, en funciones durante un segundo mandato, prácticamente se cambió de partido. En Ramos Arizpe lo recuerdan. No es un caso aislado. Los más feroces contrincantes de la administración panista son los que fueron de casa y ahora tienen puesto bajo otras siglas.  

Lo hecho no tiene eco, la impericia se magnifica. Quien así comenzó, así terminará. 

El crack inmobiliario que viene

Hace más de tres años lo señalé. Este Gobierno desarrolló un “Programa Integral de la Regularización de la Tenencia de la Tierra” en 959 colonias populares a través de dos oficinas jurídicamente inexistentes. Los del gobierno se dieron cuenta del error. Silenciosamente se legisló para medio enmendar. Más información de esto en “La pesadilla de la incertidumbre”, este espacio un primero de abril de 2012.

La pregunta de entonces se mantiene: ¿Qué sucederá con las miles de escrituras repartidas durante la irregularidad? Una bomba de tiempo.

Pues resulta que la presente administración no atina en asuntos inmobiliarios. Ahora los ojos en el Registro Público, Saltillo.

La (llamada) modernización comenzó en 2013. En virtud de convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se debieron invertir a este fin 15.9 millones en ese año (convenio publicado en el Diario Oficial del 24 de octubre, 2013) y otros 12.5 millones entre 2014 y 2015 para el Registro y su vinculación con Catastro (en Diario Oficial de diciembre 17, 2014).

¿En qué quedaron esos casi 30 millones de pesos? 

Lo más vistoso fue que se trajeron un software desarrollado en Colima, el Sistema  de Información Registral y Gestión Administrativa (SIRGA). Y, después de eso, todo se detuvo en enero de 2015.

Siete meses después y tres directores, el Registro Público funciona a un tercio, ahogando al sector inmobiliario. Constructores, vendedores, notarios, albañiles y hasta el municipio que ya no cobra sus impuestos: todos la llevan por la impericia estatal.

El nudo, sin embargo, no está solo en lo que puede o no hacer el SIRGA; ya ni en la tan publicitada corrupción “descubierta”. El traslado a un sistema registral de “Folio Real” terminó de complicarlo todo. Ahora, de la madeja, no encuentran ni la punta.

A finales de mayo la presidencia de la CANADEVI parecía hablar de la agilización de trámites. Lo agilizado se llama expedición de “libertad de gravamen” y es, apenas, el primer paso de un largo camino. Fue lo más que pudo hacerse cuando los constructores presionaron porque “no hay empresa que aguante 4 meses cobrando el 40 por ciento de lo que debe cobrar”  (VANGUARDIA, mayo 31, 2015) expresión que dibuja en un solo trazo las consecuencias de un gobierno deficiente en la implementación de lo que decide.

El producto final, la escritura, es lo que da seguridad al dueño del terreno o la casa. Todo lo demás, lo previo (léase, la libertad de gravamen), sirve a los bancos y los constructores, para no detener su negocio. Solo a ellos… y no por mucho.

Los acuerdos con el INFONAVIT, por ejemplo, va más o menos así: si para diciembre de este año no hay escrituras, el constructor y el notario deberán regresarle al propio INFONAVIT el dinero que haya dado para la operación.

El problema ahora no puede verse solo desde el rezago: el daño económico ya fue y sigue siendo causado. El asunto de fondo es que no hay garantías de cuándo ni cómo se resolverá el asunto.

Los meses en lo que todo está casi suspendido es otra bomba de tiempo para el sector inmobiliario. Sobre todo lo que se ha medio tramitado en estos meses descansa la sombra de la inseguridad, la incertidumbre.  Al tiempo.

En la compañía que decidió, el todavía gobernador escribe su legado con capítulos que van más o menos así.