Hace más de
tres años lo señalé. Este Gobierno desarrolló un “Programa Integral de la Regularización
de la Tenencia de la Tierra” en 959 colonias populares a través de dos oficinas
jurídicamente inexistentes. Los del gobierno se dieron cuenta del error.
Silenciosamente se legisló para medio enmendar. Más información de esto en “La
pesadilla de la incertidumbre”, este espacio un primero de abril de 2012.
La pregunta
de entonces se mantiene: ¿Qué sucederá con las miles de escrituras repartidas
durante la irregularidad? Una bomba de tiempo.
Pues resulta
que la presente administración no atina en asuntos inmobiliarios. Ahora los
ojos en el Registro Público, Saltillo.
La (llamada)
modernización comenzó en 2013. En virtud de convenio con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se debieron invertir a este fin 15.9
millones en ese año (convenio publicado en el Diario Oficial del 24 de octubre,
2013) y otros 12.5 millones entre 2014 y 2015 para el Registro y su vinculación
con Catastro (en Diario Oficial de diciembre 17, 2014).
¿En qué
quedaron esos casi 30 millones de pesos?
Lo más vistoso
fue que se trajeron un software desarrollado en Colima, el Sistema de Información Registral y Gestión Administrativa
(SIRGA). Y, después de eso, todo se detuvo en enero de 2015.
Siete meses
después y tres directores, el Registro Público funciona a un tercio, ahogando
al sector inmobiliario. Constructores, vendedores, notarios, albañiles y hasta
el municipio que ya no cobra sus impuestos: todos la llevan por la impericia
estatal.
El nudo, sin
embargo, no está solo en lo que puede o no hacer el SIRGA; ya ni en la tan
publicitada corrupción “descubierta”. El traslado a un sistema registral de
“Folio Real” terminó de complicarlo todo. Ahora, de la madeja, no encuentran ni
la punta.
A finales de
mayo la presidencia de la CANADEVI parecía hablar de la agilización de
trámites. Lo agilizado se llama expedición de “libertad de gravamen” y es,
apenas, el primer paso de un largo camino. Fue lo más que pudo hacerse cuando
los constructores presionaron porque “no hay empresa que aguante 4 meses
cobrando el 40 por ciento de lo que debe cobrar” (VANGUARDIA, mayo 31, 2015) expresión que
dibuja en un solo trazo las consecuencias de un gobierno deficiente en la
implementación de lo que decide.
El producto
final, la escritura, es lo que da seguridad al dueño del terreno o la casa. Todo
lo demás, lo previo (léase, la libertad de gravamen), sirve a los bancos y los constructores,
para no detener su negocio. Solo a ellos… y no por mucho.
Los acuerdos
con el INFONAVIT, por ejemplo, va más o menos así: si para diciembre de este
año no hay escrituras, el constructor y el notario deberán regresarle al propio
INFONAVIT el dinero que haya dado para la operación.
El problema
ahora no puede verse solo desde el rezago: el daño económico ya fue y sigue
siendo causado. El asunto de fondo es que no hay garantías de cuándo ni cómo se
resolverá el asunto.
Los meses en
lo que todo está casi suspendido es otra bomba de tiempo para el sector
inmobiliario. Sobre todo lo que se ha medio tramitado en estos meses descansa
la sombra de la inseguridad, la incertidumbre.
Al tiempo.
En la
compañía que decidió, el todavía gobernador escribe su legado con capítulos que
van más o menos así.
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