Lo imposible o la incompetencia

Hace un par de semanas, en su cuenta de twitter, el Presidente del Colegio de Notarios de Coahuila compartió una imagen sacada de la película “Escuela de Vagabundos” (1954) con la leyenda agregada: “No soy vagabundo, soy notario. Esperando a que salgan mis escrituras del Registro”. La libertad de expresión en tiempos de “meme”.

¿Le pareció graciosa la imagen e hizo extensivo el buen momento… o hay un mensaje entre renglones? La intención detrás, de haberla, es conocida por el propio notario. Todos los demás, interpretamos.

En el sureste de la entidad, en materia inmobiliaria y del Registro Público, ha persistido un tema: la oficina registral, consecuencia de la inadecuada implementación de un sistema, medio funciona. ¿Habrá sido esto lo que el notario tenía en mente? Todos los demás, como digo, solo interpretamos.

Por allá a inicios de semestre, en este espacio, se comentó la preocupante situación en el Registro Público y algunas referencias adicionales de cómo, en apariencia, esta administración parece no llevarse bien con temas relacionados con el orden de las propiedades (ver, de favor, “El crack inmobiliario que viene”, VANGUARDIA, agosto 8, 2015). Algunos, en aquel entonces, me recordaron: “A río revuelto…”.

La esencia del asunto está en que 2015 fue el año donde estropearon el Registro Público. Funcionaba tan bien como los otros en Coahuila… pero al experimentarle con el SIRGA (nombre del Sistema de Información Registral y Gestión Administrativa) de Colima y aplicarle unos 30 millones de pesos de presupuesto federal, crearon un problema.

Para febrero o marzo, se pensó todo debía resolverse en un par de semanas. Luego, el compromiso marcó alguna fecha en junio o julio. Cambiaron de titular de oficinas un par de ocasiones, las fechas siguieron retrasándose. Once meses después, el problema ya no ocupa algún buen espacio en los diarios locales (nunca lo hizo en la televisión)… y, sin embargo, el problema sigue ahí.

Como quien esconde la tierra bajo la alfombra, detonaron otras noticias. Lo notarios se convirtieron en los malos por investigar, se descubrió (lo que llamaron) una red de corrupción, rodaron cabezas. Ahí, en ese intrincado sistema de complicidades, dijeron, la razón detrás de la implementación fallida del SIRGA.

Pero el tiempo ha pasado. Un buen número de investigaciones a notarios se debieron por detalles más bien administrativos y los otros, los pocos, ya dejaron de serlo. Los casos graves conocidos por la prensa, por cierto, fueron de otras regiones de la entidad, no del sureste. Las cabezas que rodaron fueron, en su mayoría, de aquellos quienes completaban los gastos con un trabajo vespertino: ninguna de primero o segundo nivel.  En fin, al estilo. En resumen, desde la óptica de los implementadores, se limpió la sangre.

Pero la enfermedad siguió.

Sobre la mesa se ha puesto la siguiente pregunta: ¿por qué se han podido disminuir índices tan complejos como los relacionados con la inseguridad y, al mismo tiempo, no se ha podido hacer que el Registro Público funcione? Es, lo entiendo, una pregunta extrema. Quien sobre la mesa la ha puesto tendrá sus razones. Todos los demás, interpretamos.

¿Será que el ambiente en el sector inmobiliario del sureste de Coahuila es más denso que el del crimen organizado? La pregunta así parece sugerirlo. O, tal vez (y como dicen en algunos discursos) es que necesitan siempre que el Presidente los lleve de la mano: cuando el asunto depende de ellos, nada pueden.  

¿Estarán frente a una tarea imposible o será simple y llana incompetencia?

Mentir, el pecado

Hará una semana, en el marco de una misa en Monclova por el territorio de AHMSA, el Obispo de Saltillo dijo (palabras más, palabras menos) que nuestros políticos ofrecen esclavos a la industria extranjera, que las reglas están hechas para que no se generen derechos ni antigüedad, que los políticos son cínicos, mentirosos, ignorantes e ineptos (Agencia Infonor, diciembre 12, 2015).

De las reseñas, ninguna referencia directa: no hubo nombres ni apellidos. Pero, sin duda, más de alguno se puso el saco. Cada quien, la parte que tome.  

Días después, el todavía gobernador respondió en entrevista hecha en Monclova: “A lo mejor el Obispo debería reflexionar y ver la información que tenemos: la pobreza laboral en nuestro Estado ha disminuido; somos el primer Estado de mayor formalidad en 70 por ciento de jóvenes y 65 por ciento en población abierta” (VANGUARDIA, diciembre 14, 2015).

Hasta aquí, ninguna novedad. Tampoco es que se diera respuesta a los cuestionamientos del jerarca católico, pero algo debía decirse. Pero ahí no terminó la respuesta.

El titular del Ejecutivo, agregó: “Al Obispo le diría que es pecado decir mentiras, por cierto, hay que checar las denuncias que hay en la Junta de Conciliación y Arbitraje contra él”. Cuando se le insistió si el representante católico es una persona que miente, afirmó: “Eso fue lo que dije” (VANGUARDIA, fecha ya señalada).

¿Por qué la necesidad de calificar al Obispo? ¿A qué responde la referencia de revisar las denuncias laborales en su contra? ¿A cuenta de qué el enfrentamiento?

El Obispo de tierras saraperas es de los que polarizan la opinión, no a todos cae bien. Tampoco quien despacha en Palacio Rosa, por cierto. Pero en la forma está el fondo y esto no es concurso de simpatía.

La reacción del todavía gobernador hace suponer diferencias fuertes contra la cabeza de la Iglesia local. ¿Cómo interpretar, desde la arena del poder laico, la referencia al pecado? Dirán algunos que el primero en pisar fuera del templo fue el Obispo. Pero, siguiendo la tónica, ¿así vamos: ojo por ojo? ¿No era suficiente presentar sus datos y, quien quisiese, que llegara a su conclusión?

Ahora que no es la primera vez que el Obispo habla de la nueva esclavitud que percibe. Lo ha señalado sobre el trabajo en las minas al norte de Coahuila (La Jornada, febrero 20, 2012; VANGUARDIA, julio 26, 2012); lo ha hecho también durante su homilía, por considerar venía al caso (La Jornada, agosto 3, 2013). Este año, no fue la primera ocasión que sus declaraciones fueron rescatadas por la prensa (véase Milenio, junio 29, 2015)… pero entonces no provocó tanto. 

Si contra el Obispo hay procedimientos laborales (al menos), pues debiera esperarse una justicia impartida de manera imparcial y pronta. Pero aquí el exceso: la referencia del Ejecutivo suena a amenaza, trastoca la imparcialidad: la información privilegiada como instrumento de dominio.

La escalada en el tono del Ejecutivo sería, para esta administración, normal. A quien opina diferente, de alguna manera, le recuerdan los esqueletos que tiene en el closet. Cuando el disidente insiste, alguien los descubre. Todo, da la casualidad, llamando al purificador manto de la legalidad. Pero el recuento de esas casualidades es material para otra colaboración.  

En una de esas, la molestia expresada en una respuesta excesiva no viene ni siquiera de las declaraciones del Obispo, sino de su participación en aquello de las tierras en Noria de la Sabina, General Cepeda. Y ahí sí, detrás de bambalinas, pocos saben lo que hay.  

Megadeuda: ¿Que siempre sí?

Eso de “megadeuda” resulta tan viejo que, hoy por hoy y si de montos hablamos, habrá estados más presionados en sus finanzas que el lugar donde el tema nació a la luz pública, Coahuila.

Siendo tema viejo, sin embargo, no ha perdido vigencia: El monto de lo debido en Coahuila es apenas el inicio.

La lista es larga. La falsificación de documentos, la integración de una red que aparentemente involucró funcionarios estatales, federales y empresarios, las reformas a la ley local de deuda que lograron desactivar pretensiones jurídicas de justicia, reestructuras que complican el rastreo del dinero, un exgobernador buscado por autoridades internacionales, un gobierno unido por línea de sangre con aquél donde todo empezó, el esfuerzo por “darle vuelta a la página”… entre otros aspectos. Esto hace de la “megadeuda” Coahuila un tema vigente.

Tan vigente que se ha hecho un “megapago” de intereses, sin que la suerte principal se reduzca. Tan vigente que cuando al todavía gobernador le preguntan sobre el destino de todo ese dinero, solicitándole responda con un sí o un no, no hay de otra más que irse por la tangente. 

Tan vigente que, según parece, el gobierno de Coahuila anda buscando se imparta justicia obteniendo dos órdenes de aprehensión contra dos ex funcionarios estatales y tramitando una extradición.

O algo así.

VANGUARDIA destacó en fechas recientes la declaración del titular de la Procuraduría en su participación dentro del marco de la Glosa del Informe. La contundencia de la respuesta fue tal que en la editorial de este medio se publicó un texto bajo el título “PGJE: el arte de cantinflear” (VANGUARDIA, diciembre 10, 2015); entre sus párrafos: “La vocación del Procurador por el discurso hirsuto obliga al uso reiterado de las comillas porque resulta difícil dar por sentado que efectivamente dijo algo o refirió de forma inequívoca una acción  realizada por la dependencia a su cargo”.

Como si se tratara de un test de Rorschach, el de las manchas al que se le provee de significado, acá se ha querido entender que efectivamente andan buscando se imparta justicia, que siempre sí.

Para la memoria, sin embargo, una declaración a inicios de 2013 del entonces Secretario de Finanzas (hoy despacha en Educación): “En cuanto salió  la orden de parte del juez en Estados Unidos revisamos las cuentas del Gobierno del Estado y, como se los hicimos saber a todos los medios, no existe evidencia de que del gobierno del Estado hayan salido esos recursos a una cuenta particular” (VANGUARDIA, marzo 16, 2013).

O hicieron las cuentas de nuevo y no salieron igual, o mágicamente aparecieron evidencias hasta entonces desconocidas, o se esperan novedades en la prensa texana… O se está interpretando de más y el proceder de la Procuraduría estatal va sobre cosas minúsculas, cosméticas.

Con el anterior informe, prácticamente el ocaso de la presente administración. Quien todavía manda, estará pensando en su legado y, a falta de dinero para alguna mega obra…

Lo de la “megadeuda” regresará con intensidad, en boca de la oposición. De seguro, promoverán que todos los involucrados en eso de “darle vuelta a la página” paguen las facturas (políticas). Pero tan complicado está el asunto y los efectos del endeudamiento tan diluidos, que por sí solo no prosperará.

Además, la oposición, parece, se cuida sola: con visiones, se vence a sí misma antes de llegar a las urnas. Y por eso es que tenemos un tema como el de la “megadeuda”, viejo pero bastante vigente.

Transparencia, como escudo del gobierno

Buenas noticias para Coahuila: junto con Jalisco y Puebla, mostró un cumplimiento del 100% de cumplimiento en el Índice de Información Presupuestal Estatal 2015. Sin duda, mucho esfuerzo habrá detrás del cumplimiento para esta medición que promueve el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y que tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad y fomentar buenas prácticas contables.

¿Algo para la memoria? Por allá de octubre de 2014, en este mismo espacio, se publicó el texto “Coahuila: el anuncio del liderazgo inexistente”. Ahí se comentó que Coahuila había escalado 24 posiciones en un año (del lugar 30 en 2013 al 6) y eso era ya una buena señal. ¿El detalle? Que lo que se quiso vender, vía un boletín oficial, era un “primer lugar nacional en buenas prácticas” que no era tal. Detalles en la edición del 18 de octubre, 2014.

Hoy, seguramente, con base en mucho trabajo y un seguimiento puntual, sí se cumplió con todos los requerimientos del índice. El todavía gobernador acudió al evento a recibir el diploma y toda la cosa. La fiesta, pues.

Ahora bien, la luz que remarca la sombra.

Más o menos al mismo tiempo, en el Informe de Gobierno (algunos, algunas, todavía por costumbre o nostalgia dirán “de Resultados”) la oposición quiso dejar clara su postura preguntándole al titular del Ejecutivo, y exigiendo una respuesta de sí o no, si se conocía el destino de la aun llamada megadeuda.

La respuesta, por supuesto, no fue puntual. Tampoco técnica. Arropado con el aplauso de sus invitados, respondió como político: no tanto como quien gobierna una entidad, sino como quien es el primer representante de un partido político. La responsabilidad fue de otros, los que no se dieron cuenta; todo lo que ha estado al alcance se ha hecho. Como reacción, a los días, hasta el ex titular de la Secretaría de Hacienda ofreció ya alguna declaración.  

En el fondo, o no se sabe o no hay interés por decirlo. No hay respuesta. Y así, en la práctica, convive un reconocimiento por transparencia presupuestal y la persistencia en la opacidad presupuestal. Paradoja.

Cuando recién se planteaba, el capital de la transparencia como término residía en la inclusión de vigilantes externos. El gobierno en la caja de cristal, y por fuera muchos ojos ejerciendo presión social para que ninguna conducta indeseada se presentara. El panóptico.

Pero en algún momento la transparencia dejó de ser el arma de la comunidad para convertirse en el escudo del gobierno.

La transparencia se empleaba para adentrarse en lo gubernamental: conocer la información que, hasta entonces, era el patrimonio de unos pocos. Hoy por hoy, aprendiéndole el lado, bien puede no responder a contrapesos institucionalizados con tal de cumplir con los evaluadores externos y tener sus certificados.

No se me malinterprete. La definición, por parte de organizaciones de la sociedad civil, de mediciones y cumplimientos mínimos incentiva el cumplimiento de la Ley y mucho más. Pero no hay incentivo que no genere consecuencias colaterales contrarias a lo que se quiere. ¿La responsabilidad? No creo esté del lado del evaluador externo, sino en el insípido trabajo para fortalecer, precisamente, los contrapesos. 

La transparencia por sí sola no contribuye gran cosa a la democratización de la administración pública. Es esencial, pero no suficiente. La ecuación requiere de un componente ciudadano, su participación en distintos niveles y espacios. 

A una oposición que se envalentona solo en el marco de un Informe de Gobierno, se le ignora. Fin.