Tendrá unas tres o cuatro décadas eso de reconocer las acciones
gubernamentales, dar diplomas y medallas. Esto, es cierto, les activa y orienta.
Pero, al mismo tiempo, puede parcializar su acción: Ganadas algunas medallas,
todo lo demás (pareciera) puede quedar incompleto.
Algunos ejemplos de Coahuila y un gobierno asiduo a la competencia,
las medallas y los diplomas.
La Clínica del Magisterio tiene años funcionando a pedazos: El mismo
personal médico receta sabiendo que el derechohabiente no podrá surtirse de
medicinas; para las operaciones, la recomendación en corto es llevar la
dotación del material de curación que podrá necesitarse, para no andar
batallando a la hora de la hora; es práctica habitual tener que hacer tres o
cuatro visitas a la farmacia o, de plano, comprar el medicamento por fuera.
Los más afectados de todo esto son los jubilados, pensionados y
personas de la tercera edad.
Como la medalla buscada es la de “sanar” el sistema de pensiones, el
asunto se ha tomado por aquello de que aliviarán la carga para las siguientes
generaciones. ¿El “pequeño” detalle? Que se hace sin considerar a un grupo
poblacional que ya está siendo afectado por un servicio deficiente. En palabras
de la actual Secretaria General del Sindicato de Académicos de la Narro “…
callados no nos podemos quedar ante las injusticias y el hecho de que estén
pisoteando nuestros derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la pensión
digna” (VANGUARDIA, enero 28, 2016).
El gobierno contra unos pocos, los más vulnerables.
Un tema revisitado en este espacio como (otro) ejemplo, el Registro
Público. Una inversión millonaria y un proceso modernizador que se les fue de
las manos; una responsabilidad que sustituyen culpando a otros. Pasado un año y
varios anuncios de que pronto se restablecerá el servicio, sigue sin funcionar
a cabalidad.
Sin pericia para la implementación y sin una medalla por conseguir, al
Gobierno poco parece preocuparle las afectaciones. Esporádicamente, los grupos
interesados suelen colar alguna postura en las páginas de algunos medios, misma
que se diluye entre la propaganda contratada y loas de conductores televisivos
a modo.
¿Otro? Mírese lo que sucede en la Ciudad Deportiva de Saltillo. Por
allá de octubre de 2014, cuando se anunció la remodelación integral, el
entonces Secretario de Infraestructura fijo en cinco meses el tiempo necesario
para avanzar la primera etapa; para cuando se dio el (tan famoso) banderazo
oficial de inicio, el todavía gobernador decía a medios que tardaría unos nueve
meses. Para diciembre del año pasado, se colocaba en sus puertas un letrero que
indicaba que por la primera etapa de remodelación el parque estaba cerrado
hasta nuevo aviso (VANGUARDIA, diciembre 21, 2015).
A quienes puedan tener alguna otra área para el esparcimiento y
deporte, lo de la Ciudad Deportiva poco puede interesarles. Acá, además de no
hay medalla para terminar en los tiempos prometidos (sin contar que el retraso
se pudiera dar porque los flujos de dinero no llegan a la constructora local
según los primeros calendarios pactados), los afectados no tienen cara ni
representación. El asunto puede seguir igual.
Los derechos a la salud de grupos vulnerables, los relacionados con la
propiedad y el deporte. Si no hay medalla, en el olvido.
Pocos se alegran de que a un gobierno le vaya mal; si a un gobierno le
va bien, por lo general, buena parte de la población se beneficia. Es solo que,
como está el esquema de incentivos, las medallas no consideran a la gente, solo
alimentan el ego personal.