Hace poco más de un mes, la reseña en este espacio de la práctica
adoptada como moda por la clase partidista y gobernante: hacerse videos para
redes sociales, pintarse la mano naranja, decir un par de frases sobre generar
conciencia y prevenir la violencia
contra las mujeres y niñas. Aquello se enmarcaba, lo escribí, dentro de la
campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” promovido
desde la Secretaría General de Naciones Unidas.
La inquietud se centró en la duda (no gratuita ni casual) de cómo trasladar,
dentro de Coahuila y desde el gobierno, esa campaña en acciones concretas para,
efectivamente, prevenir la violencia
contra las mujeres y niñas: se observó una estructura poco profesional y
fragmentada, desinteresada hasta de mantener una página de Internet actualizada
(ver “La mujer y su Secretaría”, noviembre 15, 2015).
Lamentablemente, la nota trágica de fin de año ha sido el asesinato de
una mujer a manos de su ex novio.
Una muerte repentina es, de por sí, algo lamentable. En este caso,
además, queda la sensación de que algo más debió hacerse: la ahora víctima
acudió a distintas oficinas estatales, solicitó apoyo; el hasta ahora señalado
como victimario, fuera del alcance del brazo de la justicia.
Los primeros reportes retratan una respuesta gubernamental
insuficiente. En el Centro para el Empoderamiento de las Mujeres, quien ahora
no está, habría recibido la recomendación interponer una denuncia. Interpuesta
la misma, se dijo hasta tres días después del homicidio, se habría emitido una
orden de restricción desde el 6 de noviembre. Aun con esto, la víctima optaría
por escribir un mensaje en su cuenta personal de Facebook, a manera de último recurso
para quien no tiene más por hacer, compartiendo su desesperación y temores.
Publicar en Facebook, buscando encontrar lo que la estructura
gubernamental no supo ofrecer.
De acuerdo con la primera información disponible en distintos medios,
el presunto responsable habría abandonado su automóvil, comprado un boleto de
camión y partido con dirección a la frontera. Unos tres días después, según
comunicado oficial, esto se rectificaría: el buscado estaría todavía en la
entidad; la investigación sigue, todo de acuerdo con los protocolos y lo
planeado. Fin.
Ahí está, la sensación de que algo más debió hacerse.
Hasta cincuenta años de cárcel, dice la ley, en los casos de
feminicidio. Si dan con el agresor y el procedimiento se lleva con diligencia,
por supuesto. Y, aun así, en poco o nada se le responde a quienes recienten la
ausencia. Por eso la prevención es tan o más importante que sumar años a la
pena: porque cien años en la sombra no regresan una vida arrebatada.
La sensación de que algo más pudo y debió hacerse crece en la misma
proporción del silencio de los funcionarios quienes, directamente, debieran
aparecer en escena. Como si la desgracia no mereciera la interrupción de las vacaciones;
la insensibilidad institucionalizada, la que a los asuntos ve como mero
trámite.
En el texto de hace poco más de un mes, el comentario enfiló hacia la
Secretaría de la Mujer. Acá el planteamiento es el mismo: cuando de resolver un
problema se trata, la estructura está fragmentada, los canales de comunicación entre
oficinas son insuficientes, la voluntad no alcanza, el liderazgo se agota
cuando la tarea no es electoral.
Algo más y no un reto en redes sociales. Trabajo que cuente, aunque no
se vea y no un video y la pose, que nada resuelven.
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