Renta de piso

Más de 15 millones al PAN, PRI y UDC, sería la cantidad regalada por empleados municipales coahuilenses a sus partidos políticos vía descuentos en nómina. El dato se conoce gracias al Informe de la Cuenta Pública 2014 y el trabajo periodístico sobre él.

La cantidad mencionada sería la acumulada en 22 municipios sobre los que estará atenta la Auditoría Superior del Estado pues, si no se logra comprobar el consentimiento de los trabajadores o si no hubo pulcritud en el manejo contable, habría consecuencias (VANGUARDIA, febrero 3, 2016).

Torreón (¡oh casualidad!) es el municipio más eficiente (por decirlo de alguna manera) incentivando la voluntad de sus trabajadores. Esto se sabe desde hace tiempo. La “voluntad” de apoyar su partido sería tal en ese municipio que el consentimiento de cientos de trabajadores se otorgó el primer día del año (del 2014), día por cierto inhábil.

El tema se llevó a instancias nacionales, donde se declararon incompetentes y pasaron la responsabilidad al instituto electoral con instalaciones de lujo, el de Coahuila (VANGUARDIA, noviembre 26, 2015).

Pero no solo es el PRI de Torreón, sino el mismo partido en otros muchos municipios y (aquí la nota) otros partidos en los municipios que administran. Así la fotografía tomada por la Auditoría Superior.

¿La reacción? Las dirigencias de los partidos inmediatamente dieron que las cuotas son (por supuesto) totalmente voluntarias (VANGUARDIA, febrero 4, 2016). Ya lo decía así el PRI de Torreón, pero el PAN no creía… imagino que ahora el asunto cambia.  

Las concesiones a un lado, el tema no es menor.

Permitir la aportación “voluntaria” de burócratas a los partidos de cuyas filas emana el empleador es el camino directo al crecimiento desproporcionado en la nómina, la contratación de perfiles inadecuados, la imposibilidad de competir por un puesto a partir del mérito, el fortalecimiento del clientelismo y la prestación de un servicio con tintes partidistas y, por lo mismo, excluyente.

¿Cómo puede haber voluntad cuando la condición para tener el trabajo es dar la cuota, como si rentara un piso? ¿Cómo garantizar un servicio profesional y objetivo, cuando no es clara la distinción entre el burócrata y el militante?

Relacionado con esto, alguien con algo de interés podría navegar las 734 páginas que integran, en la sección B (de la Auditoría de Cumplimiento Financiero) el tomo 3 del Informe Anual de Resultados 2014, relacionado con municipios. De entre todo, hay un párrafo que se repite treinta y ocho ocasiones:

“… derivado de las debilidades detectadas en el Control Interno de la entidad, principalmente, por la carencia y las deficiencias de las conciliaciones bancarias y por el incremento desproporcional en sueldos y salarios en el ejercicio 2014 con relación al ejercicio 2013, no fue posible obtener evidencia suficiente y competente para tener la certeza de expresar una opinión respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables, por lo tanto, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se abstiene de expresar una opinión respecto de la información que integra la Cuenta Pública del año 2014…”

Esta situación (y el párrafo) fue aplicado en los dictámenes de todos los municipios. Repito, de todos.

Solo esto (ya no pensemos en el resto de las más de setecientas treinta páginas) debiera llamar la atención y el análisis de legisladores, cabildos, analistas, académicos. ¿Qué implica para la salud financiera de la instancia de gobierno más inmediata a la población lo que ahí se describe y sus consecuencias?

Todos los municipios podrán tener un premio. Pero hay todavía mucho por discutir.