Menuda
certeza tenemos los ciudadanos, si hasta lo escrito puede ser negociado...
La memoria es
corta. Con esfuerzo, entonces, podrán recordarse aquellas serias acusaciones
entre consejeros del Instituto Electoral de corrupción, de pagos indebidos, de
viáticos desmedidos. ¿Se recuerda? Vagamente, ¿cierto? El tema no era menor. Al
día de hoy, los actores prácticamente son los mismos, pero las acusaciones
(fueran o no ciertas), quedaron olvidadas.
Las acusaciones
fueron públicas. Por el contrario, si aquello se resolvió por la vía legal o
por la vía del carpetazo, sólo ellos, los Consejeros, lo sabrán. Así la memoria
y actividad selectiva del Instituto Electoral.
¿Se recordará
aquello de la urna electrónica, la tan anunciada aportación de Coahuila para el
mundo? La inversión e investigación de años se usa para elección de Mesas
Directivas de Sociedades de Alumnos y alguna que otra consulta. Esto no es
malo, pero es limitar el potencial de un producto desarrollado con dinero
público. Es condenar a que el proyecto termine en nada.
¿Algo de
actualidad? Pues que en pleno proceso electoral, el órgano superior del
Instituto funciona fuera de lo que, estrictamente, establece la Ley. ¿Cómo?
Precisamente, en su memoria y actividad selectiva, sucede que las decisiones se
están tomando en ausencia de uno de sus miembros.
De conformidad al
artículo 68 del Código Electoral del Estado, el Instituto que carga con todo el
peso del proceso electoral debe integrarse, entre otras personas, por siete
Consejeros Electorales. El Instituto, por cierto, debiera contribuir al
desarrollo de la vida democrática.
En desafortunados
hechos, a comienzos de año, el Consejo General perdió a uno de sus integrantes.
¿Qué debió operar entonces? De acuerdo con la Ley, mandarse a llamar a un
suplente. No es por ganas ni debiera depender del humor: el artículo 74 del
Código Electoral dice: "En caso de ausencia definitiva de algún consejero
electoral, el Consejo General llamará al consejero suplente que corresponda,
según el orden de prelación en que fueron designados por el Congreso del
Estado, para que desempeñe la función...".
Pero la memoria
es corta y la actividad selectiva.
Allá en el 2008,
en el Periódico Oficial se publicó el Decreto 630 donde se estableció el orden
de prelación. En un contexto donde lo legal se respete, el piso está parejo y
no requiere mucho brinco: tómese aquélla lista y llámese al siguiente.
Pero, otra
vez, la memoria es corta y la actividad selectiva.
Apenas se
redescubrió aquella lista del 2008, algunos diputados de oposición
argumentaron, hace unos meses, que el siguiente en la lista había trabajado
para priístas: el beso del diablo, casi literal. ¿Basta un señalamiento para
justificar no acatar un mandato legal? ¿Y de cuándo acá tanto caso a la
oposición?
Quien ejerce
libremente su profesión habrá tenido clientes de todos los colores. ¿Eso, por
sí solo, descalifica para ocupar un cargo? La Ley señalará los supuestos en los
que una persona no puede desempeñarse en un puesto. Fuera de eso, de lo que
dice la Ley, todo es grilla.
Además, menuda
certeza tenemos los ciudadanos si hasta lo escrito puede ser negociado.
En los primeros
meses del año, entre pasillos, incluso se escuchaba la intención de manosear la
publicación del Periódico Oficial para mandar a llamar a una suplente que vive
en Monclova. El decreto que menciono, de hecho, no ha escapado de zancadillas y
remiendos.
Pero, grilla a un
lado, la pregunta sigue siendo ¿por qué el Instituto no ha llamado al suplente?
La falta de un posicionamiento oficial es una grave carencia ética; la silla
vacía es una grave falta a la Ley, que sigue así porque en un mundo de cinismo,
la tranquilidad está del lado de quienes saben no hay sanción por no observar
la norma.
Así, el organismo
que debiera impulsar los valores democráticos pareciera guiarse por el rumor y
no por la Ley. Asunto delicado porque va dibujando la naturaleza de sus
decisiones colegiadas. ¿Su comportamiento de apega a la Ley o a la coyuntura?
El tiempo nos
alcanzó. Pero preguntarse si es "buen tiempo" para discutir sobre la
vacante es poner la política por encima de lo técnico, en una instancia cuya
legitimidad se ubica, precisamente, en sus decisiones técnicas.
Acusaciones
internas sin resolver; proyectos que terminan en ninguna parte; vacantes sin
definir. Todo se les va entre los dedos, confiados en la apatía generalizada,
en que siguen quedando bien con el patrón, y en la ausencia sistemática del
señalamiento ciudadano: así el árbitro electoral en Coahuila.
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