Legislar a destajo

¿Tendrá todo esto algo de malo? Porque, en una primera aproximación, ser tan productivo pareciera no ser malo. ¿O sí? 

Lo dicho en otras ocasiones. En Coahuila, el Ejecutivo salió muy Legislativo. A la fecha ha presentado al Congreso no menos de 66 iniciativas de reforma. 

¿Alguna opinión al respecto? De las muchas que pudiera haber, aquí la hecha por el  Consejero Jurídico el último día del año pasado: "Hoy como nunca antes en la historia de Coahuila se han presentado la mayor cantidad de iniciativas de Ley o de reformas". Y eso debe ser bueno, a sus ojos. Más mejor, dicho sea para estar a tono. Pero claro, no puede opinar otra cosa. 

Tan productivo legislador salió quien debiera ser administrador, que hasta en su mensaje de inicio de año, el todavía gobernador reafirmó el cumplimiento de una de sus primeras promesas de campaña, que se presentará el texto de una nueva Constitución. Normas por aquí y por allá. 

¿Tendrá todo esto algo de malo? Porque, en una primera aproximación, ser tan productivo pareciera no ser malo. ¿O sí? 

A cuenta un par de frases sobre la productividad legislativa. Fueron dichas en marzo de 2011 por el entonces Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. El Congreso, dijo, no es una empresa "que haga licuadoras, automóviles (.) aquí en el Congreso no estamos en una empresa de este estilo, aquí es un trabajo eminentemente político". [por eso]. "no es posible estar cambiando eso porque la productividad te lo demanda, no se trata de quien presentó más (leyes), sino cuál es la más importante y de relevancia, con consecuencias positivas. Es un proceso humano no un sistema de producción". Pero los tiempos cambian, y seguramente estas opiniones también. 

En la actual Legislatura, sin embargo, algunos legisladores estarán de acuerdo con el anterior Líder. Seguramente los del PRI a quienes, se nota, la productividad no les quita el sueño. En lo que va de la Legislatura, la mitad de ella para cerrar la cifra, han presentado apenas una decena de iniciativas. Una sexta parte de lo que ha presentado el gobernador, menos de la mitad de lo hecho por los de oposición.

Y es que allá, en el Palacio Rosa, se legisla a destajo, es decir, sin descanso. Pero eso no siempre es bueno. A destajo, como se sabe, también significa "aproximado, sin cálculo previo". Da la impresión de que alguien, dentro del área que maquila iniciativas, quiere justificar su trabajo. Por eso trabajará basado en números, sin importar lo inútiles o inoperantes que resultarán las propuestas. 

¿Ejemplos? Varios.  En este mismo espacio, el pasado 9 de septiembre, se publicó "Gobernar en la ignorancia o por malicia". Se señaló sobre una iniciativa del Ejecutivo en materia de transparencia que, cuando anunciaba como "novedad" la de incorporación de la Auditoría Superior del Estado como sujeto obligado, confesaba ignorancia. También se señaló ahí sobre la "novedosa" obligación que tendrían los fondos y fideicomisos públicos de proveer información pública mínima. ¿El detalle? Pues que esa información no estará disponible sino hasta pasado de uno a dos años posteriores a la publicación de la reforma. Y, la cereza del pastel, el artículo tercero transitorio, cuando se trate de información sobre fideicomisos públicos: "La obligación comprende aquella (información) generada a partir de la fecha en que entre en vigor, no estando obligados a entregar aquella generada con anterioridad al inicio su vigencia". Lo inútil, no inoperante, la simulación.

De lo último: se propuso elevar, a rango constitucional, a la Comisión de Arbitraje Médico como organismo autónomo. Una novedad, dicen; de las primeras en su tipo, aseguran. Pero, aunque en el discurso suena genial ¿en verdad mejorará en algo la calidad de las decisiones con el hecho de llevar la figura a la Constitución?

En el entramado normativo que se querrá borrar, la Comisión de Arbitraje Médico es un organismo público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia. La autonomía técnica en las decisiones de la actual Comisión de Arbitraje Médico, ya estaba establecida en la Ley que existe desde 2004. Si, en todo caso, hubiera duda de la calidad u objetividad de sus resoluciones ¿no bastaba con que el Ejecutivo le "apretara -como se dice- las tuercas"? 

Pero, además, si ya pronto habrá una nueva Constitución ¿cuál fue la prisa? ¿No podían esperar un par de meses? Hacer un trabajo consistente y coordinado ¿O será que entre ellos no se hablan? 

Como que cada quien anda haciendo lo que cree es lo correcto. Pero no hay visión en conjunto, o compartida o de Estado. Nada.