Tan
pronto se pudo, se regresó al esquema dual de Procuraduría y Secretaría de
Seguridad. Se presentó una propuesta normativa para el control en la venta de
alcohol. Sobre la mesa está el prohibir las peleas de gallos, se dice, para
evitar extorsiones y muertes vinculadas al sector de los palenques. Arrancando
junio, se constituyó el "Gabinete de Seguridad". De manera más
reciente, se propuso imposibilitar la instalación y funcionamiento de casinos. Y, en breve, hasta las maquinitas
tragamonedas de la tienda de la esquina, desaparecerán. Uff, agenda llena.
De
esto último, de lo ahora conocido como "Ley Anti-casinos", rescátese
una frase pronunciada por el Gobernador en un evento público: "Son ilusos
los que creen o los que afirmen que detrás del juego no hay la posibilidad de
que se esconda el crimen organizado". Coincido (¿y quién no?) en esto: el
crimen organizado puede ocultarse en muchos lugares y negocios: si hasta en
Texas y en el negocio de bienes raíces podría, con mayor razón en los negocios
donde la autoridad históricamente no le entró a la supervisión. ¿O no?
Pero
el tema está en la base de las decisiones del Ejecutivo. Hasta ahora se ha
seguido una doble vía: la reestructuración de las oficinas ligadas a la
seguridad y la prohibición de lo que, el sentido común indicaría, se relaciona
con la violencia y la inseguridad: casinos, alcohol, peleas de gallos o perros.
Lo
primero, la reestructura, se entiende cuando los elementos, como estaban
dispuestos, no generan resultados (una reestructura, por cierto, no es una
limpia). Pero es lo segundo, las restricciones, lo que debe movernos a la
reflexión.
En
el extremo, se ilustra el punto: bajo el esquema vigente, si el día de pasado
mañana hay la ocurrencia de que andar por la calle de noche se relaciona con la
inseguridad ¿se decretará un "toque de queda"? Aquí hay todo un tema.
"Los
Gobiernos no estamos para ganarnos la voluntad de todos. A lo mejor no se nota
lo que hacemos, pero con el tiempo se van a sentir los beneficios",
sentenció el Gobernador en el evento de firma de la "Ley
Anti-casinos".
Entonces,
las preguntas son ¿dónde podrán verse estos beneficios, dónde podrán
comprobarse los resultados? El recientemente creado "Gabinete de
Seguridad" tendrá reuniones semanales para ver avances. ¿Veremos ahí los
resultados? Sería interesante que se hicieran públicas las cifras sobre
inseguridad a las que se le darán seguimiento y conocer (a través del Internet,
por ejemplo, y semanalmente, como dicen) si suben o bajan. En otros lugares, el
seguimiento de estos indicadores involucró a la sociedad civil. Si así se ha
hecho en otros lados ¿por qué sería diferente en un Gobierno que se ostenta
como "de todos"? Si así lo tienen planeado ¿por qué demora el anuncio?
¿Dónde
más podrían conocerse los resultados? ¿En el Plan de Desarrollo, acaso? Si en
algún lugar se da testimonio de que los técnicos de este Gobierno confunden,
como se dice, la gimnasia con la magnesia, es ahí. Pero, en fin, es lo que se
tiene.
El
Plan, de hecho, define diez "indicadores de resultados" en materia de
seguridad. ¿Será ahí? Es poco probable. De hecho, si uno lo ve de cerca, la
cadena de decisiones tomadas están completamente desvinculadas con las
mediciones propuestas por el Plan de Desarrollo.
En
esos "indicadores de resultados" se enlista, por ejemplo, el
"Indice de Desempeño de Sistema Penal" de México Evalúa. De acuerdo
con este Indice, en 2010, el Estado mejor evaluado es uno donde hay casinos y,
hasta el momento del estudio, peleas de gallos: Querétaro.
Si
usando para medir la vara propuesta en el propio Plan de Desarrollo, vemos que
no es irreconciliable la existencia de casinos y peleas de gallos con la mejor
posición en materia de seguridad, ¿no será esto un norte de que la estrategia a
seguir no está en la prohibición?
La
pregunta de fondo es una: ¿se tendrán resultados, de verdad, en la seguridad de
nuestras ciudades. O se trata de una cascada de restricciones a nuestra
libertad que en poco o nada abonarán al tema?
Y
dirán que la relación casinos-inseguridad o alcohol-inseguridad, es sentido
común y no verlo es de ilusos. Pero, en serio, ¿le basta a un Gobierno el
sentido común para restringir, limitar y prohibir? Una respuesta afirmativa, lo
diría todo.
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