El primer día de
abril, en este espacio ("La pesadilla de la incertidumbre", se llamó
la colaboración), se afirmó que el Gobierno del Estado viene implementando
programas de regularización para la tenencia de la tierra con instancias
jurídicamente inexistentes.
En diciembre de
2010, y en virtud de la Ley de Vivienda, se decretó la extinción del
Instituto Estatal de la Vivienda Popular (IEVP) y de la Comisión Estatal para
la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila
(CERTTURC). Pero como el orden no ha sido la característica de la
administración pública en Coahuila en los últimos meses (años, dirán algunos),
la modificación se olvidó y ambas instancias siguieron operando fuera de la
ley.
El asunto no es
menor: todo en lo que el IEVP y la CERTTURC se han involucrado, a nivel legal,
tiene la fortaleza de un castillo de naipes; a nivel administrativo, se ha
empleado dinero público en algo que no existe; a nivel político, la actual
administración se ha equivocado pues careció de información oportuna y de
servidores públicos que la cuidaran.
Pero la vida
sigue y quienes juegan dentro de esa cancha, en todo caso, estarán viendo ya
cómo enmiendan la plana. Y aquí lo interesante.
Lo más sencillo,
en términos de gestión pública, sería observar la Ley de Vivienda: ahí está,
sin estrenar, desde diciembre de 2010. Esto implicaría (y, por lo mismo, es
poco probable se haga) el bochornoso reconocimiento de la inexistencia del IEVP
y la CERTTURC, del error, y la reposición de todo lo mal hecho. Este camino,
creo, hablaría de la altura de quienes toman decisiones y se mandaría el
poderoso mensaje de que, en verdad, se quieren hacer las cosas bien. Los
errores se cometen, reconocerlo es de valientes.
Hay, sin embargo,
otros caminos aparentemente más sencillos: revivir por decreto, cual Ave Fénix,
al IEVP y a la CERTTURC. Pero, estando el piso tan parejo, ¿para qué tanto
salto?
Tan solo por no
aceptar el error, en fechas próximas, del Ejecutivo o de alguien del
Legislativo podría surgir una iniciativa resucitadora del IEVP y la CERTTURC.
Para evitar se ventile alguna discusión en el Congreso, pudiera incluso
intentarse un Decreto directo del Ejecutivo (no sin una apretada argumentación
que pudiera desmoronarse) justificándolo como ejercicio de aquella facultad
reglamentaria por la que puede proveer de todo lo pertinente para una mejor
administración. Así, sencillamente, un buen día aparecería el decreto en el
Periódico Oficial, sin demasiadas miradas incómodas.
Pero mantener
oficinas con sus nombres para simular que nada pasó, resuelve apenas la mitad
del problema.
El asunto de
fondo se encuentra en la completa vulnerabilidad en la que se ha colocado (por
impericia e ignorancia) a todas las familias que han tenido su título de
propiedad a partir de la CERTTURC. ¿Qué hacer con todas las escrituras
expedidas en los últimos quince meses? Para decirlo rápido, no son más que papel
sin valor.
Aceptar el error
y hacer las cosas de acuerdo con la Ley de Vivienda vigente (a fin de cuentas,
ahí está la Ley), significaría un largo y tedioso camino de reposición de
escrituras. Pero si lo que se quiere es no llamar la atención, para enmendar la
plana, podría estarse pensando en validar, de un solo plumazo, lo que hasta hoy
esta defectuoso: a ver si no se les ocurre experimentar novedosas figuras
legales como, por mencionar un ejemplo, las acciones colectivas.
La regularización
de la tierra no es cosa sencilla: una solución en el corto plazo, puede generar
problemas más adelante. Son procedimientos complejos que avanzan a su propio
ritmo. La regularización de la tierra, es un arte. Las soluciones masivas no
aplican.
Otro dato
interesante podría encontrarse en quién, materialmente, arrastrará el lápiz
para aliviar el entuerto. No vaya siendo que, a falta de confianza y fichas de
valor al interior del Ejecutivo, la instrucción se haya dado a una instancia
externa. Sería ilustrativo de los tiempos que se viven.
Visto desde
acá, lo más saludable para la administración estaría en aceptar el error que,
por cierto, les fue heredado: recomponer el camino siguiendo los cauces
legales. Lo demás (modificar una ley que no se ha observado; revivir
organizaciones; querer reponer, experimentando, en una sola vez lo hecho en
quince meses) es una cadena de errores que no soluciona el error previo.
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