La
propuesta del paquete económico 2012, a rasgos muy grandes, fue: incrementar
tres veces el Impuesto Sobre Nómina (ISN), mantener la tenencia con las mismas
tasas y crear nuevos derechos de cobro en diferentes dependencias.
Horas
después de que se presentara en el Congreso la Ley de Ingresos, las crónicas
periodísticas recuperaron el decir y el sentir de empresarios.
Francisco
Javier Grijalva, Secretario de la Unión de Organismos Empresariales
Coahuila-Surte, dijo: "Esto no fue lo que nos vino a prometer en campaña
el ahora Gobernador Electo, Rubén Moreira, quien en esa ocasión nos dijo que no
habría incrementos, ni nuevos impuestos". El líder hotelero Armando de la
Garza, dijo: "Incrementar el ISN del uno al tres por ciento, es totalmente
contrario a la política que pensamos iba a tener la próxima administración,
además de que fue un tema de campaña, de que no iba a haber nuevos impuestos, y
que se iba a eliminar la tenencia". Al unísono dicen: "Nos cambiaron
la jugada".
El
anuncio de probables aumentos sigue al escándalo por la falsificación de
documentos para contraer deudas y las dudas sobre el destino del dinero que, se
ha dicho, se empleó. Ahí parte de la incomodidad.
Podrá
decirse que de cambiar el pacto de federalismo fiscal en el cual vivimos, Coahuila
se quedaría con absolutamente todo lo que recauda; en meses se pagaría la
deuda.
Esta
idea funciona en el discurso, pero está muy alejada de la realidad y de lo que
podría ser una propuesta responsable de un gobierno serio. La tradición
financiera, tremendamente paternalista en menoscabo de los Estados, hace que
cerca del 85 por ciento de lo que ingresa a las entidades federativas sea vía
transferencias federales. A nivel subnacional, por cierto, los tributos
recaudados por los estados apenas si llegan al cuatro por ciento del total. En
el Indice de Autonomía Fiscal (la razón ingresos propios sobre ingresos
totales, datos al 2008), Coahuila se encontraba por debajo del promedio
nacional.
Esto
se sabe desde siempre. ¿Por qué no hay una propuesta seria al respecto? El
tema, por cierto, no es sólo la baja recaudación, sino la alta opacidad.
Podría
también argumentarse que no es una imposición, sino una propuesta de la
administración que sale (énfasis, para que no haya duda: quienes proponen no
son los que vienen, sino los que se van) y que será el Congreso actual o los
empresarios o una mezcla de ellos, quienes decidirían.
Pero
esto, aunque pudiera ser formalmente cierto, no genera certeza sobre quién está
asumiendo qué parte de la responsabilidad. De no aceptar el tras por ciento de
ISN, a los empresarios, por ejemplo, se les ha planteado un falso debate para
que decidan qué dejar desprotegido: la educación, la seguridad o la
infraestructura. Forzar una respuesta sobre eso no es gentil, ni conciliador, ni
fomenta la participación. En las comunidades polarizadas suceden desgracias;
¿para qué alimentar el fuego?
Nada
es gratis, es cierto. Cada apoyo, obra y acción que hace cualquier gobierno
cuesta. El debate, sin embargo, no está ahí, sino en la distancia que se está
dibujando entre las promesas de campaña y las decisiones de gobierno.
Pasó
el Sexto Informe y las cuentas presentadas no disiparon dudas. Así como había
una deuda social (ésa, que no podía esperar, por la que se dice se contrajo la
deuda económica), ahora hay una deuda de credibilidad que tampoco espera. Al
cierre de la semana se habló del pago sorpresivo de los 3 mil millones de deuda
mal contratada: podría descargar algunos aspectos jurídicos, pero produce más
preguntas que respuestas.
El
antídoto es único: la transparencia. La de verdad. Además, para que las medidas
sean las correctas, el diagnóstico debe ser objetivo. Por eso a las cosas hay
que llamarlas como son: una deuda se contrae para pagar obligaciones adquiridas
en el pasado; un financiamiento, para cumplir un plan a futuro. ¿En dónde
estamos?
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